Enlace Judío.- Mientras que Israel tiene una Corte Suprema todopoderosa que sirve como alternativa legislativa y ejecutiva, Canadá tiene una separación de poderes consagrada en una constitución que fue adoptada a través de una consulta pública.
Hay muchas diferencias importantes entre Israel y Canadá. Los canucks se están congelando actualmente en sus parkas y gorros, mientras que los israelíes todavía usan pantalones cortos y sandalias. Los canadienses juegan al hockey, mientras que los israelíes prefieren el matkot (Juego de playa, en hebreo, similar al tenis de playa). Canadá tiene una separación de poderes consagrada en una constitución que fue adoptada a través de una consulta pública, mientras que Israel tiene una Corte Suprema todopoderosa que sirve como alternativa legislativa y ejecutiva. Esta falta de controles sobre los poderes de la Corte Suprema se encuentra en la raíz de la causa de la reforma judicial.
El consejo editorial del Jerusalem Post argumentó recientemente que la cláusula de anulación de Canadá es un ejemplo inapropiado para Israel, ya que este último, a diferencia de Canadá, no tiene constitución. La cláusula de anulación de Canadá se aprobó para brindar a las provincias, una entidad minoritaria, protección del poder federal. Mientras tanto, en Israel, la Corte Suprema se erige como el único control contra la tiranía del gobierno. En verdad, es precisamente la falta de constitución de Israel lo que requiere la cláusula de anulación. La extralimitación de la Corte Suprema se siente en todos los campos de la política israelí, desde la seguridad hasta la inmigración, los asuntos exteriores y la religión.
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Las democracias tienen una serie de mecanismos que controlan todas las ramas del gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Las limitaciones del tribunal incluyen una definición clara de las autoridades, control político sobre el nombramiento de jueces y asesores legales y una doctrina de restricción judicial. De hecho, la Knéset ya está restringida, mientras que la Corte Suprema no tiene controles institucionales.
Como generalización, hay dos tipos de sistemas democráticos. En sistemas parlamentarios como el Reino Unido o Nueva Zelanda, la legislación parlamentaria está exenta de revisión judicial. En las democracias constitucionales, como Estados Unidos, Canadá o Alemania, la constitución es la ley suprema del país y las leyes que la infringen pueden ser derogadas. Israel pertenece a la familia de las democracias parlamentarias. La cláusula de anulación, por lo tanto, es un compromiso entre la derogación del control judicial y la adopción de un modelo constitucional.
Considere la diferencia en los procesos constitucionales entre Canadá e Israel. Antes de la adopción de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades en 1982, la legislación no podía ser anulada. El paso de un sistema parlamentario a uno constitucional fue un proceso largo que requirió el consentimiento público.
En 1980, el entonces primer ministro Pierre-Elliott Trudeau inició el extenso proceso de redacción de una constitución. Trudeau convocó dos veces a los primeros ministros de las provincias para llegar a un acuerdo. El Parlamento realizó una consulta pública y atendió cerca de 1500 comunicaciones escritas y orales. Finalmente, en 1982, la carta fue aprobada con amplio apoyo público. La Corte Suprema comenzó poco después de revisar la legislación basada en los derechos constitucionales.
No hay una verdadera constitución en Israel
Esto contrasta con la supuesta base para la revisión constitucional en Israel. La “constitución” de Israel fue creada por su Corte Suprema. La Ley Básica de Libertad y Dignidad Humana fue aprobada en 1992 por una minoría de miembros del Knéset y precedida por muy poca discusión o participación pública. Cuando se aprobó la Ley Básica, el presidente del Tribunal Supremo Aharon Barak declaró en la famosa Decisión Mizrahi de 1995 que había ocurrido una “revolución constitucional” y que la Corte ahora podía derogar leyes. Sería difícil encontrar otra constitución cuyo nacimiento fuera anunciado por la corte.
Canadá tiene muchos controles de su Corte Suprema, que no existen en Israel. En Canadá, los jueces federales son nombrados por el primer ministro, de acuerdo con la gran mayoría de los países democráticos. En Israel, los políticos son una minoría en el comité de selección, esencialmente otorgando a los jueces un veto sobre los candidatos a la Corte Suprema.
En Canadá, el fiscal general es miembro del parlamento y, paralelamente, se desempeña como ministro de justicia. Él y su funcionario adjunto sirven a discreción del primer ministro, quien puede reemplazarlos o despedirlos a voluntad. Sus poderes están definidos en la Constitución. Por el contrario, el fiscal general de Israel es designado por un comité profesional.
Varios jueces de la Corte Suprema han dictaminado que su opinión [la del fiscal general] es vinculante para el gobierno, y él es el representante exclusivo del gobierno ante los tribunales. Los tribunales y los asesores legales trabajan en conjunto para restringir las políticas gubernamentales. Por supuesto, estos poderes extremadamente significativos no están definidos en ninguna parte de la ley.
Finalmente, la Corte Suprema de Canadá acepta en principio que hay cuestiones en las que no es apropiado que los tribunales se involucren, a saber, cuestiones de política social, económica y exterior. En Israel, “todo es justiciable”.
Israel no es Canadá. Canadá tiene una constitución y equilibra su corte a través del control político de los nombramientos judiciales y de asesores y tiene una cultura legal de moderación. En Israel, la Corte Suprema es el arquitecto y árbitro de la constitución. Prácticamente no hay controles institucionales de la Corte Suprema.
La cláusula de anulación es, por tanto, un compromiso entre el modelo británico de supremacía parlamentaria y el modelo constitucional. El tribunal continuará revisando la legislación, pero la Knéset tendrá la última palabra en circunstancias excepcionales. Esto fortalecerá, no dañará, la democracia israelí.
El escritor es abogado e investigador en el Departamento Legal del Kohelet Policy Forum.
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