Enlace Judío.- A medida que aumentan las tensiones por el plan del nuevo gobierno para reformar radicalmente el poder judicial, el exministro de Justicia Daniel Friedmann presentó el lunes una propuesta de compromiso que suavizaría el plan, aumentaría el poder del presidente y dificultaría que las coaliciones gobernantes cambien el cuasi-constitucionales Leyes fundamentales.
Su plan está basado en la idea de que los legisladores, no solo los jueces de la Corte Suprema, deben actuar con moderación; insiste en más poder de permanencia para las Leyes Básicas
Friedmann, quien sirvió entre 2007 y 2009 bajo el entonces primer ministro Ehud Olmert, es un veterano defensor de la reforma judicial que buscó frenar los poderes del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal general, creyendo que habían adquirido una autoridad excesiva para intervenir en la toma de decisiones del gobierno.
También puede interesarte
Las posiciones de Friedmann lo convirtieron en enemigo de muchos en el sistema de justicia en ese momento, pero es moderado en comparación con el actual ministro de Justicia, Yariv Levin, y argumenta que el plan de Levin, ahora respaldado por toda la coalición religiosa de línea dura del primer ministro Benjamin Netanyahu, va demasiado lejos.
El plan de reforma de Levin restringiría severamente la capacidad del Tribunal Superior para anular leyes y decisiones gubernamentales, con una “cláusula de anulación” que permitiría a la Knéset volver a legislar leyes anuladas con una mayoría mínima de 61; dar al gobierno control total sobre la selección de jueces; impedir que el tribunal utilice una prueba de “razonabilidad” para juzgar la legislación y las decisiones gubernamentales; y permitir que los ministros designen a sus propios asesores legales, en lugar de obtener el asesoramiento de asesores que operen bajo la égida del Ministerio de Justicia.
Hablando con el diario Yedioth Ahronoth, Friedmann detalló su plan de compromiso, respaldando ciertos elementos de la propuesta de Levin pero oponiéndose o suavizando otros.
“Hay una necesidad de reformar el sistema de justicia”, dijo. “Pero las reformas propuestas son [solo] parcialmente aceptables para mí. También debe haber menos beligerancia y más autocontrol por parte de la Knéset”.
Criticó los frecuentes cambios realizados a las Leyes Básicas en los últimos años “basados en los intereses evanescentes de gobiernos nacientes”, incluida la creación del cargo de primer ministro suplente, aumentando el número de ministros autorizados a renunciar a sus puestos en la Knéset como parte de la llamada Ley noruega, modificando el número o el porcentaje de legisladores a los que se permite desertar de un partido sin sanciones, y cambiando la estructura de los ministerios del gobierno, “que se tratan como plastilina y se desmontan y unen”.
“Necesitamos pensar en la moderación y la reforma en la Knéset y en la forma en que toma decisiones, no solo en la reforma del sistema de justicia”, dijo.
En su oferta de compromiso, Friedmann propuso cancelar la cláusula de razonabilidad solo en asuntos relacionados con la gestión del país y con los nombramientos políticos y de gobierno. Los tribunales conservarían la capacidad de utilizar la cláusula para anular decisiones que violen los derechos civiles y humanos.
En cuanto a la selección de jueces, Friedmann propuso separar el mecanismo de selección de magistrados y jueces de distrito del mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema. El primero, dijo, no requiere un cambio significativo e incluso podría modificarse para excluir por completo la participación del gobierno.
Pero se opuso a la postura de Levin de elegir jueces en el tribunal superior, diciendo que la coalición no debería tener el control total. Propuso aceptar el plan de Levin de ampliar el panel con representantes públicos, pero estos deberían ser elegidos por el presidente y no por el ministro de justicia.
Friedmann apoyó el impulso de Levin para cambiar el sistema de antigüedad actualmente en uso para seleccionar al presidente del Tribunal Supremo. Dijo que el presidente del Tribunal Supremo debe ser elegido por mérito, por ejemplo, por un panel designado por el presidente u otro organismo independiente, y no solo en función del tiempo servido en el tribunal superior, argumentando que en ningún otro lugar del país se manejan los nombramientos de este modo.
Desestimó la afirmación de que cancelar el sistema de antigüedad crearía una competencia excesiva entre los jueces y confía en que no creen grupos de presión políticos ni alteren las decisiones judiciales debido a consideraciones sobre cómo afecta sus posibilidades de ser nombrado presidente del Tribunal Supremo.
Respecto al poder de la corte para derogar leyes, Friedmann propuso prohibirle intervenir en las Leyes Básicas, pero solo si también se limita la capacidad de la Knéset para cambiarlas de acuerdo con intereses a corto plazo.
“Propongo darle al presidente el poder de posponer la entrada en vigor de las Leyes Básicas por un período de uno o dos años”, dijo. “Durante ese tiempo, se puede considerar si dar a la Knéset el mandato de aprobarlo como ley”.
Con respecto a la llamada cláusula de anulación, Friedmann aceptó la propuesta de Levin de que tan solo 61 legisladores de los 120 miembros de la Knéset puedan anular los fallos del Tribunal Superior, pero agregó una advertencia: que el número de parlamentarios que apoyen tal moción debe exceder el número de oponentes por al menos cinco.
Una parte de la propuesta de Levin fue rechazada de plano por Friedmann.
“Me opongo a que los asesores legales [de los ministerios] sean nombrados políticamente”, dijo. “El sistema de designación de profesionales para [tales] roles debe continuar”.
