Enlace Judío – El Comité Ministerial de Legislación de Israel, encabezado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, aprobó un proyecto de ley que impide a la Corte Suprema de Justicia intervenir en leyes que contradigan leyes básicas cuasiconstitucionales, informó Haaretz.

Además, el comité avanzó este domingo una iniciativa que impide a la Corte Suprema intervenir en los nombramientos ministeriales. La propuesta ahora pasará a la Knéset para su aprobación final.

La ley pretende expresamente permitir al líder de Shas, Arieh Deri, volver a desempeñarse como ministro, a pesar de la prohibición de la Corte Suprema debido a su condena por delitos fiscales.

La Fiscal General Gali Baharav-Miara advirtió este sábado al gobierno que la Corte Suprema podría anular la iniciativa que pretende reincorporar a Deri a sus puestos. Sin embargo, las decisiones del gobierno podrían impedir un nuevo fallo de la Corte.

El comité ministerial aprobó también una propuesta para derogar cláusulas de la Ley de Retirada de 2005, permitiendo así a civiles israelíes regresar al territorio de Judea y Samaria (Cisjordania) evacuado en 2005, en el marco de la retirada de Gaza, así como restaurar el asentamiento de Homesh.

Poco después de la retirada de Gaza en 2005, se estableció una yeshivá en Homesh, que se convirtió en un asentamiento no autorizado, construido en terrenos palestinos de propiedad privada cerca de la aldea de Burka, compuesto por estructuras temporales que se evacuan periódicamente y los colonos vuelven a reconstruirlas.

Un proyecto de ley presentado al comité por el diputado Hanoj Milwidsky del Likud permitiría revocar la ciudadanía a familias de terroristas.

Según la propuesta, si el familiar “conocía de antemano el plan de perpetrar un atentado, expresa su apoyo o elogia el acto terrorista, el ministro del Interior podrá ordenar la expulsión del familiar de Israel o de otros los territorios bajo su control”.

Los ministros también debatirán una propuesta para que la unidad que investiga la mala conducta policial pase a la autoridad del ministro de Justicia. El departamento, conocido por su acrónimo hebreo Mahash, está actualmente subordinado a la fiscalía del Estado. Sin embargo, la propuesta del ministro de Justicia, Yariv Levin, otorgaría a la unidad la autoridad de investigar a los fiscales.

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