Enlace Judío.- La semana pasada, la coalición aprobó uno de los pilares centrales de su muy controvertida revisión del sistema judicial y legal en su primera lectura en la Knéset, generando revuelo en el pleno del parlamento y profundizando la actual crisis política de Israel. De aprobar su segunda y tercera lectura, el proyecto de ley, que se legisla como Ley Básica, alterará radicalmente el equilibrio de poder en el Comité de Selección de Jueces, que es responsable de elegir a los jueces de todos los tribunales del país, incluida la Suprema Corte, y en la práctica dará al gobierno en funciones y a la coalición el control total sobre todos los nombramientos judiciales.
El proyecto de ley también prohíbe que el Tribunal Superior de Justicia anule las Leyes Básicas u ordene que se modifiquen, lo que significa que el cambio en el comité de selección judicial sería inmune a la revisión del Tribunal Superior.
El proyecto de ley ahora se volverá a llevar al comité para una revisión adicional y, en teoría, podría presentarse para sus lecturas finales en la Knéset en cuestión de días, aunque se espera que esto no suceda hasta dentro de dos semanas más o menos.
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Los defensores del proyecto de ley argumentan que daría a los representantes electos el poder que necesitan para nombrar jueces que reflejen la voluntad del pueblo y que anulen con menos rapidez la legislación de la Knéset desafiando los deseos de la mayoría electa.
Los críticos, por otro lado, argumentan que el gobierno está tratando de llenar la corte con jueces conservadores y de derecha y, junto con las otras reformas planeadas que esencialmente erradicarían la revisión judicial, otorgan al gobierno y a la Knéset un poder ilimitado que pondría en peligro los derechos civiles en Israel.
Entonces, ¿cómo funciona exactamente el Comité de Selección de Jueces en la actualidad, cómo se seleccionaba a los jueces en el pasado, qué cambios ha sufrido el comité desde que se inauguró por primera vez y cómo afectarían los planes para modificar su composición al funcionamiento del Tribunal Superior?
El presente
En la actualidad, los jueces son designados técnicamente por el presidente de Israel, de acuerdo con las elecciones realizadas por el Comité de Selección de Jueces. El comité selecciona jueces para todos los tribunales de Israel, incluidos los tribunales laborales, de magistrados y de distrito, así como para el Tribunal Supremo.
El comité está compuesto por nueve miembros, y el nombramiento de un juez para todos los tribunales que no sean la Corte Suprema requiere una mayoría simple de los miembros del comité presentes, siempre que participen en la votación no menos de siete miembros.
Un nombramiento para la Corte Suprema requiere el apoyo de siete de los nueve miembros del comité.
Los nueve miembros incluyen al presidente de la Corte Suprema; otros dos jueces de la Corte Suprema seleccionados por los jueces de la Corte Suprema; el ministro de justicia, que preside el comité, y otro ministro del gabinete; dos miembros de la Knéset elegidos por la Knéset en una votación secreta (por lo general, pero no siempre, un diputado de la coalición y uno de la oposición); y dos miembros del Colegio de Abogados de Israel elegidos por el consejo nacional de la asociación.
Bajo este sistema, el gobierno y la coalición juntos suelen tener tres miembros en el comité (los dos ministros y un parlamentario), el poder judicial tiene tres miembros, el Colegio de Abogados de Israel tiene dos miembros y la oposición tiene uno.
Una de las principales quejas planteadas por los defensores de las amplias reformas del gobierno es que, al elegir a los jueces para los tribunales inferiores, los funcionarios electos pueden ser fácilmente ignorados por los miembros no elegidos del comité, es decir, los jueces y abogados.
Este no es el caso de los nombramientos para la Corte Suprema, que requieren una mayoría de siete votos y, por lo tanto, un nivel de consenso mucho más alto. En efecto, tanto los jueces como los representantes del gobierno tienen derecho de veto sobre los nombramientos en la Corte Suprema.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Yariv Levin, el presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset, Simcha Rothman, y otros defensores de la reforma del gobierno han insistido en que incluso este poder de veto mutuo entre el gobierno y el poder judicial otorga demasiada influencia a este último, en detrimento de la voluntad del pueblo.
El requisito de una mayoría más alta para una nominación a la Corte Suprema fue promulgado por la legislación aprobada por el entonces diputado del Likud y actual diputado de Unidad Nacional Gideon Sa’ar en 2008, para dar a los funcionarios electos un mayor poder sobre el proceso.
Los resultados de este cambio se destacaron en el proceso de selección que se llevó a cabo en 2016 y 2017 para cuatro puestos en la Corte Suprema, cuando se abrió una batalla campal entre la entonces presidenta de la Corte Suprema, Miriam Naor, y al entonces ministra de Justicia y parlamentaria Ayelet Shaked, quien durante mucho tiempo buscó hacer que la corte fuera más conservadora.
Shaked salió victoriosa de ese encuentro, con tres de los cuatro designados provenientes de su lista de candidatos preferidos, y lo dijo poco después.
“Antes había sectores [de la ciudadanía] que no sentían que la Corte Suprema los representaba. Hoy representa a todos. Es más diversa, es más conservadora”, dijo en una entrevista con Yediot Aharonot.
El futuro (según el plan de reforma judicial del gobierno)
Los planes del gobierno para reestructurar el comité harían que ambos representantes del Colegio de Abogados de Israel fueran eliminados del panel.
El comité entonces estaría compuesto por tres ministros del gabinete, incluido el ministro de justicia, que se desempeñará como presidente del comité; tres diputados, dos de la coalición y uno de la oposición; el presidente de la Corte Suprema; y dos jueces de primera instancia jubilados que serán designados por el ministro de justicia de acuerdo con el presidente de la Corte Suprema.
Se requeriría una mayoría simple de cinco votos para todos los nombramientos, incluido el de la Corte Suprema.
Esto daría al gobierno y a la coalición una mayoría automática incorporada de cinco miembros en el comité, junto con una gran influencia sobre la elección de los dos jueces de primera instancia jubilados.
Levin, y Rothman de Sionismo Religioso, los dos arquitectos del paquete de reforma judicial, también han dicho que desean promulgar una reforma adicional en una etapa posterior mediante la cual el presidente de la Corte Suprema sería elegido por el Comité de Selección de Jueces, no por antigüedad en el cargo como es actualmente.
Si también se aprueba ese cambio, el gobierno tendría el control efectivo de ocho de los nueve miembros del comité y, por lo tanto, el control total sobre el nombramiento de todos los jueces en Israel.
Lecciones del pasado
Desde el establecimiento del estado en 1948 y hasta 1953, el proceso de selección de jueces para todos los tribunales estuvo enteramente en manos de políticos.
Durante ese tiempo, para nombrar a un juez de la Corte Suprema, el ministro de justicia nominaría a un candidato para el gabinete, el gabinete aprobaría la nominación y la Knéset ratificaría esa decisión.
Para los jueces de los tribunales inferiores, el ministro de justicia nominaría a un candidato para el gabinete, que aprobaría o rechazaría la nominación.
Pero en 1953, ese sistema fue cambiado radicalmente por la Ley de Jueces, que estableció el Comité de Selección de Jueces.
La nueva ley, que finalmente se incluyó en la Ley Básica de 1984: el Poder Judicial, estableció la composición del comité, así como las normas para el procedimiento adecuado del comité, los criterios y las calificaciones de los candidatos a los tribunales, los procedimientos disciplinarios y otros asuntos relacionados con el nombramiento de jueces.
La ley de 1953 inclinó significativamente el equilibrio de poder en el comité de selección hacia los profesionales del poder judicial y del derecho, ya que ahora tenían una mayoría sobre los representantes electos. Si bien la composición del comité no ha cambiado desde entonces, sí lo ha hecho el procedimiento para elegir a los jueces de la Corte Suprema.
El cambio más sustantivo desde 1953 fue la reforma de Sa’ar en 2008, que aumentó la mayoría necesaria en el comité para elegir un juez de la Corte Suprema de cinco a siete.
Esto les dio a los funcionarios electos mayor capacidad para bloquear a los candidatos preferidos por el poder judicial y más influencia para que los jueces que les gustaban fueran elegidos para el tribunal. Al mismo tiempo, creó un equilibrio de poder en el comité de nombramientos de la Corte Suprema.
El académico constitucional Dr. Guy Lurie del Instituto Democracia de Israel dice que los políticos en el momento de la legislación de 1953 sintieron que las consideraciones políticas y partidistas pesaban demasiado en la selección de jueces, y existía la sensación de que los jueces no eran lo suficientemente independientes del control político.
“Hubo un amplio consenso sobre la necesidad de proteger a los jueces de la influencia del gobierno”, dijo Lurie, y señaló que Menajem Begin, el líder del partido Herut, precursor del Likud, que estaba en la oposición, quería un número aún mayor de profesionales del derecho en el comité de lo que finalmente se decidió.
“Desde el cambio de reglas de 2008”, señaló Lurie, “tenemos una Corte Suprema más diversificada: como dijo Shaked, logró crear una revolución conservadora en la Corte Suprema“.
“Lo hizo con el comité de selección actual, y este tipo de equilibrio en el comité permite que el gobierno y la coalición tengan voz en el proceso y garanticen la legitimidad democrática sin renunciar a consideraciones profesionales”.
Las propuestas de reforma, a favor y en contra
El Dr. Adam Shinar de la Universidad Reichman, otro experto en derecho constitucional, dijo que dar a los políticos mayor influencia sobre el comité de selección, como propone ahora el gobierno, podría ser en teoría razonable. Pero señaló que, según los términos de la actual legislación planificada, el gobierno y la coalición controlarían a casi todos los miembros del comité, y solo uno iría a la oposición.
Los tribunales no están destinados a ser un espejo del poder, están destinados a ser un control y equilibrio para el poder ejecutivo.
En tal situación, un juez de un tribunal inferior que busca un ascenso podría pensar plausiblemente que la forma de avanzar en su carrera es gobernar más de acuerdo con la inclinación ideológica del comité de selección, señaló Shinar, comprometiendo la independencia del poder judicial.
Como han argumentado otros críticos, también le daría al gobierno en funciones la capacidad de llenar el Tribunal Superior en particular con jueces que comparten su ideología sin ningún aporte de la oposición o del poder judicial, politizando así el tribunal en un grado que no se ha visto desde los albores del país.
“La politización puede estar bien, pero darlo todo a la mayoría política es un problema ya que simplemente refleja las relaciones de poder existentes”, dijo Shinar. “Los tribunales no están destinados a ser un espejo del poder, están destinados a ser un control y equilibrio para el poder ejecutivo”.
Pero Rothman ha rechazado esta crítica, insistiendo en que muchos países democráticos usan un sistema para seleccionar jueces para los tribunales constitucionales o supremos que está dominado por el gobierno o el parlamento.
“Esta es la situación en casi todos los países democráticos”, insistió Rothman en una entrevista reciente con The Times of Israel, argumentando que el método de selección judicial tal como está permite a los jueces demasiado poder sobre la composición del poder judicial.
“El sistema de hoy da a la totalidad del público en Israel una minoría en el comité, lo cual es inaudito. Es realmente insólito que los funcionarios no elegidos tengan este tipo de poder, tener un tribunal que se perpetúe a sí mismo. En casi todos los demás países democráticos, el sistema otorga a la mayoría gobernante el poder de nombrar jueces”, dijo Rothman.
“Si hablas de Canadá, el primer ministro nombra a los jueces. [Los políticos también nombran a los jueces] si hablas de Irlanda, si hablas de Suecia, si hablas de Noruega, Australia y Nueva Zelanda… Puedo seguir así todo el día”, continuó Rothman, y se refirió a EE. UU. como otro ejemplo parecido.
Los críticos, incluidos los diputados del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset, como el diputado laborista Gilad Kariv, han señalado, sin embargo, que los países citados por Rothman tienen varias capas de controles y equilibrios contra el poder ejecutivo y legislativo, que sirven como contrapeso al tribunal más politizado que resultaría de un Comité de Selección de Jueces dominado por personas designadas por el gobierno.
Todos los países que Rothman mencionó en su entrevista con The Times of Israel tienen una constitución escrita o una declaración de derechos que detalla explícitamente los derechos fundamentales de los ciudadanos del país.
Además, los tribunales supremos o superiores de todos los países citados por Rothman tienen el poder de revisión judicial para anular la legislación que se considere incompatible con los derechos fundamentales enumerados en la constitución, excepto en Australia, donde no hay revisión judicial de la legislación, y Nueva Zelanda, donde los tribunales pueden hacer declaraciones de inconsistencia contra la legislación.
Junto con los cambios en el Comité de Selección de Jueces, el gobierno planea restringir radicalmente los poderes de revisión judicial del Tribunal Superior y, al mismo tiempo, se niega a brindar protección constitucional a los derechos civiles fundamentales, como el derecho al voto, el derecho a la igualdad, la libertad de expresión y otros.
El abogado Ze’ev Lev, asesor legal de la organización conservadora Movimiento por la Gobernabilidad y la Democracia fundada por Rothman, argumenta, sin embargo, que las reformas al comité de selección judicial son menos radicales de lo que parecen.
Lev dice que el simple hecho de que la coalición tenga una mayoría en el comité de selección judicial no significa que vote como bloque, y señaló que los representantes de la coalición en varios comités de selección judicial recientes provienen de diferentes lugares en el espectro político y no necesariamente han estado en acuerdo.
“El exministro de justicia Avi Nissenkoren tuvo discusiones entre los miembros de la coalición de su comité”, señaló Lev, en referencia al comité formado durante el breve gobierno de unidad nacional 2020-2021 del Likud y Kajol Laván.
En el gobierno de Bennett-Lapid, “el comité encabezado por el exministro de justicia Gideon Sa’ar tenía un miembro de la coalición del Partido Laborista”, continuó Lev, señalando las credenciales fuertemente derechistas de Sa’ar. “Y la exministra de justicia Ayelet Shaked tenía un parlamentario de Kulanu en su comité”, agregó, señalando la postura derechista de Shaked y las posiciones más centristas del ahora desaparecido partido Kulanu.
“Por otro lado, los jueces del comité casi siempre han votado en bloque”, dijo. “Así que no puedes ver a la coalición como una sola entidad. Siempre tendrás discusiones en cada comité”.
Lev admitió que, si el comité se reestructurara como propone la legislación de la coalición, los jueces que forman parte del comité probablemente reflejarán la perspectiva ideológica del ministro de justicia que los nombra. Pero afirmó que, a diferencia de los diputados de la coalición en el panel, serían más independientes ya que no podrían ser removidos del comité una vez designados.
Los arreglos establecidos por la Knéset en 1953 para la selección de jueces han durado siete décadas, pero ahora parecen estar al borde de una revisión radical.
La legislación de Rothman ya pasó su primera lectura y, salvo un cambio radical en la voluntad del gobierno de escuchar propuestas de compromiso, la forma en que se eligen los jueces en Israel muy pronto se verá extremadamente diferente.
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