Enlace Judío – Una propuesta para otorgar inmunidad judicial a las fuerzas de seguridad israelíes por sus acciones fue frenada este domingo, después de que la Fiscal General de Israel advirtiera que esto podría exponer a las tropas a enjuiciamientos extranjeros y plantearía graves peligros para la relación entre el público israelí y las fuerzas del orden, informó The Times of Israel.
La iniciativa de ley, del diputado Zvika Fogel del partido Otzmá Yehudit, estaba programada para presentarse ante un panel del gobierno hoy para determinar el apoyo de la coalición a la medida. Después de que Baharav-Miara emitiera su opinión, el proyecto se archivó hasta la próxima semana.
“Esta propuesta impide significativamente el deber de investigar las sospechas de uso ilegal o indebido de la fuerza, un deber que forma parte de la protección del Estado de derecho y los derechos humanos en el Estado de Israel”, advirtió.
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Los críticos han advertido que la legislación podría exponer al personal de seguridad a enjuiciamiento en el extranjero, incluso en la Corte Penal Internacional, si la comunidad global ya no considera que Israel tiene un sistema de justicia interno razonable para tratar las acusaciones.
El debate sobre el proyecto de ley de Fogel se produce cuando el gobierno busca una reforma judicial que críticos también estiman que podría ser perjudicial para las fuerzas de seguridad y las acusaciones en su contra, pudiendo exponerlos a enjuiciamientos en el extranjero.
La Fiscal General se hizo eco de esos argumentos en una carta el domingo al Comité Ministerial de Legislación.
“Aplicar inmunidad puede traer un riesgo significativo para el público y el Estado de Israel, y puede tener implicaciones de gran alcance para la forma en que opera el régimen en Israel, en la relación entre el individuo y los distintos representantes del gobierno”, escribió.
“La propuesta también crea un riesgo para los propios miembros de las fuerzas de seguridad, quienes estarán expuestos a investigaciones y procesos penales en el extranjero, así como a un riesgo más significativo para sus vidas y la integridad de sus cuerpos como parte de sus actividades operativas”, agregó Baharav–Miara.
Recordó que Israel había desarrollado mecanismos para “equilibrar los desafíos que caracterizan la actividad operativa y la importancia del deber de investigar los casos de uso ilegal o indebido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
“La inmunidad, tal como se propone, cambia fundamentalmente el punto de equilibrio y, por lo tanto, resulta en una violación de los derechos humanos y otros intereses esenciales”, escribió, y agregó que no es “la herramienta adecuada para salvaguardar estos importantes intereses”.
El proyecto de ley garantizaría a los soldados, policías, empleados del Shin Bet, la Guardia del Knéset, los voluntarios de la propuesta Guardia Nacional y varias otras fuerzas de seguridad inmunidad penal general por “acciones en el desempeño de sus funciones, durante actividades operativas o contra actos terroristas”.
No solo bloquearía la persecución penal, la medida también protegería a las fuerzas de seguridad contra los interrogatorios, pero tampoco la inmunidad sería retroactiva.
El proyecto de ley crea un mecanismo para despojar de inmunidad a los actos juzgados como “maliciosos o de mala fe”.
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