Moody’s Investors Service advirtió el martes sobre “riesgos políticos muy elevados que han debilitado la solidez económica y fiscal de Israel”, en medio del nerviosismo financiero por la renovación de la polémica reforma judicial del gobierno y la reanudación de la guerra en Gaza, informó The Times of Israel.
“La incertidumbre sobre la seguridad a largo plazo de Israel y las perspectivas de crecimiento económico son mucho mayores de lo habitual, y los riesgos para el sector de alta tecnología son particularmente relevantes, dado su importante papel como motor del crecimiento económico y contribuyente significativo a la recaudación fiscal del gobierno”, declaró Moody’s en un informe periódico de actualización sobre la calificación crediticia de Israel.
“Estos acontecimientos negativos podrían tener graves consecuencias para las finanzas del gobierno y podrían marcar una mayor erosión de la calidad institucional”, afirmó.
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Tanto Fitch como Moody’s rebajaron la calificación crediticia de Israel en el último año y mantuvieron una perspectiva negativa, advirtiendo que el país podría enfrentarse a nuevas rebajas.
En la actualización del martes, Moody’s afirmó que la perspectiva negativa refleja la opinión de la agencia de que persisten los riesgos a la baja para la calificación crediticia de Israel.
Como desafíos para el perfil crediticio de Israel, la agencia citó la “muy alta exposición a riesgos geopolíticos y un sistema político polarizado, que afecta la gobernanza y la eficacia de las políticas, [y] la participación de las minorías religiosas en el mercado laboral, lo que resulta en una alta desigualdad de ingresos y un aumento de las tensiones sociales”, en una aparente referencia a las comunidades árabe y ultraortodoxa.
Sin embargo, Moody’s afirmó que el perfil crediticio de Israel “sigue respaldado por una resiliencia económica históricamente sólida ante las crisis, altos niveles de riqueza que proporcionan cierta capacidad de absorción de impactos, una sólida posición externa y el continuo y sólido acceso al mercado del gobierno”.
“Podríamos estabilizar la perspectiva si existen perspectivas claras de una desaceleración duradera de los conflictos militares, lo que a su vez permitirá a las instituciones israelíes formular políticas que apoyen la recuperación de la economía y las finanzas públicas y restablezcan la seguridad, al tiempo que abordan una amplia gama de prioridades políticas”, declaró Moody’s.
En septiembre, Moody’s rebajó la calificación crediticia de Israel en dos niveles, de A2 a B1, alegando la “disminución de la calidad de las instituciones y la gobernanza de Israel” para gestionar las finanzas estatales y el aumento de las necesidades de gasto durante el periodo de guerra. Una calificación más baja eleva el costo del crédito para el gobierno, las empresas y los hogares.
El gobierno de línea dura del primer ministro Benjamín Netanyahu, incluido el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, ha acusado a la agencia de rebajar la calificación de Israel debido a un razonamiento “pesimista e infundado”.
En septiembre de 2023, Netanyahu se reunió con representantes de Moody’s y, según se informa, declaró a la agencia que los nuevos elementos de la reforma judicial solo se aprobarían con un amplio apoyo público.
Sin embargo, ya había dado garantías similares a la comunidad internacional antes de que su gobierno aprobara la primera ley de la reforma.
La declaración de Moody’s llega un día antes de la presentación de una muy controvertida iniciativa de ley para su votación final en la Knéset que aumentaría considerablemente el control político sobre el proceso de nombramientos de jueces en Israel y reduciría drásticamente la influencia del Poder Judicial en los nombramientos para la Corte Suprema de Justicia.
La votación se producirá inmediatamente después de la aprobación del presupuesto para 2025 por parte de la coalición, lo que supone un importante impulso para la estabilidad del gobierno de Netanyahu, ya que se habrían convocado elecciones generales si el presupuesto no se hubiera aprobado antes del 31 de marzo. El líder de la oposición, Yair Lapid, calificó el presupuesto como “el mayor robo en la historia de Israel“.
La iniciativa de ley que se someterá a votación el miércoles, aumentará el número de representantes políticos en el Comité de Selección Judicial, compuesto por nueve miembros.
También otorgará a los representantes políticos de la coalición, la oposición y el Poder Judicial poder de veto sobre los nombramientos de tribunales inferiores, a diferencia del sistema actual, donde ninguna de las partes tiene poder de veto.
Además, el proyecto de ley eliminará toda influencia de los tres jueces del comité sobre los nombramientos de la Corte Suprema, al tiempo que otorgará poder de veto a la coalición y la oposición.
La Fiscal General, tres expresidentes de la Corte Suprema y los partidos de oposición argumentan que los cambios politizarán el proceso de nombramientos de jueces y el Poder Judicial.
Por otra parte, la decisión del gobierno de destituir al director del Shin Bet, Ronen Bar, y a la fiscal general Gali Baharav-Miara ha provocado protestas generalizadas y advertencias de posibles huelgas por parte de sindicatos y el sector privado.
Además de la inestabilidad política interna, Israel también enfrenta una creciente carga financiera por la reanudación de la guerra en Gaza y la reanudación de los ataques desde Yemen y Líbano.
En enero, Moody’s afirmó que un alto al fuego duradero con el grupo terrorista Hamás en Gaza reduciría los riesgos para la economía y las finanzas públicas de Israel.
Señaló que, si se cumple y se avanza en el acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes en Gaza, también se reducirán los riesgos para el Medio Oriente derivados de una escalada que involucre a Irán, así como las repercusiones del conflicto en las cadenas de suministro globales debido a las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo.
El alto al fuego colapsó unas semanas después.
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