Mucha gente que sigue la vida en Israel y que entiende la situación con Gaza, se sorprende cuando a nivel global cantantes, actores, cineastas, académicos, políticos gritan a los cuatro vientos que hay exterminio.
Parecen gente sería e informada ¿cómo podrían estar equivocados?
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La última denuncia “seria” entre comillas, en las últimas semanas, es de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio, conocida como IAGS, que lanzó sin morderse la lengua, una acusación durísima contra Israel: lo responsabiliza de cometer genocidio en Gaza. Pero detrás de ese documento que pretende ser “académico”, hay críticas muy fuertes a la forma en que se construyó y a la fiabilidad de los datos utilizados.
Hoy no vamos a hablar de política, ni de ideología. Vamos a hablar de metodología.
Primero: las fuentes. La IAGS basó buena parte de sus conclusiones en cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado directamente por Hamás. Distintos observadores internacionales —incluidos medios occidentales y hasta la ONU en informes previos— han reconocido que esas cifras son imposibles de verificar de manera independiente. Aun así, la IAGS las adoptó como si fueran datos oficiales, sin cuestionarlas ni contrastarlas con otras fuentes, como imágenes satelitales, registros de ONGs neutrales o informes independientes.
Segundo: la omisión de contexto. Críticos académicos señalan que el informe de la IAGS casi no menciona los ataques de Hamás, ni las víctimas israelíes, ni el hecho de que la guerra comenzó con una masacre contra civiles. Al aislar la información y no incluir la cadena de acontecimientos, los números se presentan de forma parcial. Eso rompe un principio básico de cualquier investigación seria: el contexto.
Tercero: los estándares aplicados. Varios especialistas en derecho internacional han advertido que la IAGS utilizó definiciones de genocidio de manera muy laxa. Normalmente, para acusar de genocidio, se requiere demostrar una intención clara y sistemática de exterminar a un pueblo. Sin embargo, el documento se apoya casi exclusivamente en el número de muertos y en declaraciones políticas sacadas de contexto, sin pruebas directas de esa intención. Esa metodología se considera débil en términos jurídicos y académicos.
Cuarto: la falta de transparencia interna. Algunos miembros de la propia IAGS han denunciado que no participaron en la elaboración del informe y que no hubo un debate académico amplio previo a su publicación. En otras palabras, no se siguió un proceso colegiado, sino que un grupo reducido redactó el documento y lo presentó como “consenso académico”.
Finalmente: las críticas externas. Expertos en genocidio, como Gerald Steinberg y grupos de análisis independientes, han señalado que el informe confunde categorías, mezcla fuentes de dudosa credibilidad y utiliza un lenguaje más político que científico. Esto, dicen, no solo debilita la acusación, sino que también erosiona la seriedad del propio campo de estudios sobre genocidio.
En conclusión, lo que está en juego no es solo la imagen de Israel, sino la credibilidad de la investigación académica internacional.
Si se permite que una acusación de genocidio se sostenga sobre datos sin verificar, omisiones deliberadas y metodología cuestionable, entonces cualquier país, en cualquier conflicto, podría ser etiquetado como genocida sin el debido rigor.
Al final de cuentas, todos los que difunden estas calumnias, terminan caricaturizados, una mofa de sí, mismos, llámese Almodóvar, Coldplay, Greta y un largo etcétera.
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