La Knéset aprobó este miércoles, en votación preliminar, un proyecto de ley que debilita drásticamente los poderes de la Fiscal General Gali Baharav-Miara, redefiniendo su rol y responsabilidades.
De aprobarse en las siguientes lecturas, el proyecto de ley limitará considerablemente la capacidad de Baharav-Miara de influir en el juicio penal contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de soborno, fraude y abuso de confianza.
La iniciativa de ley fue aprobada con 61 votos a favor y 46 en contra. Varias propuestas de la iniciativa parlamentaria que buscan dividir las funciones de la Fiscal General ya han sido presentadas ante la Knéset, y es probable que se consoliden a medida que avancen en su tramitación.
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El proyecto de ley surge tras el intento fallido del gobierno de destituir a Baharav Miara el lunes, cuando el presidente del comité que revisaba la solicitud concluyó su mandato. El nombramiento de un nuevo presidente para el comité requeriría un acuerdo entre el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el actual presidente de la Corte Suprema, Yitzhak Amit. Sin embargo, Levin ha estado boicoteando a Amit y se niega a reconocerlo como Presidente del tribunal.
La primera propuesta que se sometió a votación fue presentada por el diputado Michel Buskila, del partido Tikvá Hadashá, presidido por ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, quien apoya la división de las funciones del Fiscal General.
Según la propuesta, la Fiscalía General del Estado, en lugar del Fiscal General, aprobaría las investigaciones o acusaciones contra el Primer Ministro, ministros o miembros de la Knéset.
La transferencia de poder estaría sujeta a la aprobación de un comité de tres miembros: un juez emérito de la Corte Suprema, designado por el presidente del Tribunal Supremo, un exFiscal General designado por el Ministro de Justicia y un abogado defensor privado designado por la Defensa Pública.
Otra propuesta, presentada por el diputado Simja Rothman (Hatzionut Hadatit) sugiere dividir el cargo de Fiscal General en tres funciones: Fiscal General, Fiscal del Estado y abogado defensor en litigios.
Otros proyectos de ley, impulsados por Yitzhak Kroizer (Otzmá Yehudit), Hanoj Milwidsky y Ariel Kallner (Likud), proponen únicamente la creación del cargo de Fiscal del Estado. Otras propuestas —de Kroizer, Nissim Vaturi y Eli Dallal (Likud)— solo mencionan la transferencia del Fiscal General a la Fiscalía del Estado de las facultades de persecución penal contra miembros del gabinete .
El ministro de Justicia, Yariv Levin, criticó duramente a la fiscal general Gali Baharav-Miara durante la sesión de la Knéset previa a la votación.
“Sistemáticamente, la Fiscal General destituida trabaja para presentar posturas contrarias al gobierno. En más de una ocasión, incluso la Corte Suprema, con su postura parcial, dictó resoluciones más moderadas que las de la Fiscal General“.
Levin añadió que el gabinete israelí carece de representación legal en la mayoría de las peticiones ante la Corte Suprema. Según él, como ministro de Justicia, presenta apelaciones gubernamentales sin representación legal, mientras que el Estado cuenta con todo un sistema de abogados que, en lugar de servir al gobierno electo, representan a la oposición.
“La institución del Fiscal General se ha corrompido por completo durante el mandato de la Fiscal General destituida”, afirmó.
El diputado Simja Rothman, se burló y dijo durante la sesión de la Knéset que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump supiera qué poderes ostenta la Fiscal General en Israel, le habría pedido que lo llevara en su avión para darle una lección sobre cómo gobernar.
Tras la aprobación del proyecto de ley en la votación preliminar, el diputado Gilad Kariv (Hademokratim) afirmó que se trata de la reanudación de la reforma judicial y de un intento flagrante de salvar al acusado principal de la condena (Netanyahu). “Estos proyectos de ley no buscan dividir las funciones del Fiscal General, sino eliminarlo”, enfatizó.
La diputada Karine Elharrar (Yesh Atid) aseveró que “el objetivo principal de los proyectos de ley es cerrar las causas penales contra Netanyahu. […] La propuesta otorgaría al gobierno un poder ilimitado para satisfacer sus caprichos e intereses privados”.
En mayo, la fiscal general Gali Barahav-Miara se opuso firmemente a los proyectos de ley, que, según ella, representan el impulso de un cambio de régimen. Afirmó que las propuestas se aprobaron sin el debido análisis sin consultar con las partes pertinentes.
En un dictamen enviado al ministro de Justicia, Levin, escribió que el proyecto de ley es parte de la reforma judicial y lo describió como una “medida general destinada a debilitar las garantías para la protección de los principios democráticos y el mantenimiento del Estado de derecho [al] eliminar las restricciones legales impuestas al gobierno.
Baharav-Miara manifestó además su preocupación de que la medida está destinada a favorecer los intereses personales de Netanyahu mediante la cancelación de su juicio.
“Una razón fundamental para oponerme a los proyectos de ley es su relevancia personal, ya que su consecuencia práctica es la sustitución casi inmediata del Fiscal General“, escribió a Levin.
Fuentes del sistema judicial afirman que el objetivo del proyecto de ley es debilitar la posición de Baharav-Miara como Fiscal General de Israel y alejarla de cualquier cargo que pudiera influir en el juicio de Netanyahu.
Fuentes de los partidos ultraortodoxos Shas y Deguel Hatorá (una facción de Yahadut Hatorá) anunciaron el lunes que sus diputados votarán a favor de la iniciativa de ley, a pesar de haber abandonado la coalición en protesta por no aprobar la ley de reclutamiento para continuar su exención del servicio militar. A cambio de su apoyo, la coalición permitirá tramitar un proyecto de ley para ampliar las facultades de los tribunales rabínicos.
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