Diputados de la coalición israelí presentaron este lunes un proyecto de ley que busca eliminar los delitos de fraude y abuso de confianza del código penal, cargos que el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta en su juicio.
Netanyahu fue acusado en 2020 de soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos de corrupción conocidos como Casos 1000, 2000 y 4000.
La iniciativa de ley, titulada “Fin a la ambigüedad en el derecho penal: Derogación del delito de fraude y abuso de confianza”, fue presentada por el líder de la coalición, Ofir Katz (Likud), el diputado Michel Buskila (Tikvá Hadashá) y el diputado Simja Rothman (Hatzionut Hadatit).
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Su propuesta exige restablecer la definición de delitos penales e impulsar una reforma del derecho penal.
Está previsto que el proyecto de ley avance en el Comité Ministerial de Legislación la próxima semana, antes de pasar a la Knéset.
Según los promotores del proyecto de ley, el delito de fraude y abuso de confianza, en su estado actual, funciona como una disposición general que socava gravemente el principio de legalidad y los fundamentos del derecho penal.
Argumentan que este delito se define en el código penal actual de forma imprecisa, otorgando un poder excesivo a los fiscales y a las autoridades policiales, lo que permite una aplicación selectiva y sesgada de la ley.
El propósito de la iniciativa de ley, según Katz, Buskila y Rothman, es “establecer delitos claramente definidos que actualmente no están contemplados en la ley”, incluyendo conflictos de intereses que involucran a familiares cercanos y el tráfico de información privilegiada por parte del gobierno.
Paralelamente, el proyecto de ley impulsaría la reforma que, según ellos, estaría destinada a “fortalecer la legislación disciplinaria y ampliar las herramientas de aplicación en materia ética”.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel advirtió que los planes de la coalición para derogar la ley “no son de interés público”, en cambio, son “obra de funcionarios electos que se encuentran en conflicto de intereses y trabajan para promover sus propios intereses y los de sus familiares”.
“El delito de fraude y abuso de confianza es una de las defensas más sólidas que tenemos para la integridad en la vida pública”, enfatizó Tomer Naor, vicepresidente de derecho y estrategia del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel.
“Su abolición nos dejaría en una situación en la que la conducta corrupta de los funcionarios electos, lo suficientemente sofisticada como para no ser considerada soborno, seguiría siendo legal”, añadió.
Desde la oposición, tacharon la propuesta de antidemocrática y acusaron al gobierno de impulsar una iniciativa de ley en base a la situación legal de Netanyahu.
El líder de la oposición, Yair Lapid (Yesh Atid), afirmó que su partido luchará contra el proyecto de ley “en la Knéset, en las calles y en los tribunales”.
“Esta no es una reforma; es un golpe de Estado que convertirá a Israel en un Estado fallido y atrasado del tercer mundo”, declaró Lapid. “La coalición ha declarado la guerra al Israel democrático y avanzado, y nos movilizaremos y lucharemos para protegerlo”.
El diputado Gilad Kariv (Hademokratim) afirmó que con cada propuesta que el gobierno avanza, “el verdadero objetivo de la reforma del régimen se hace cada vez más evidente: anular los cargos penales contra Netanyahu, colocarlo por encima de la ley y otorgar inmunidad a los ministros del gobierno que cometen delitos para que hagan lo que les plazca”.
“El proyecto de ley para abolir los delitos por los que se acusa a Netanyahu no se aprobará”, recalcó Kariv. “No se aprobará porque la opinión pública democrática de Israel no lo permitirá. Lucharemos contra esta propuesta en los comités y en el pleno de la Knéset con todas nuestras fuerzas”.
El exjefe del Estado Mayor de las FDI, Gadi Eisenkot (Yashar), condenó el proyecto de ley y prometió reemplazar al gobierno actual.
“Esto no está motivado por el amor a Israel ni por la responsabilidad hacia sus ciudadanos”, dijo Eisenkot, y acusó al gobierno de actuar para “asegurar la supervivencia de una coalición deficiente y preservar el poder”.
“El gobierno de Israel actúa en contra de los ciudadanos de Israel“, apuntó.
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