Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones contra funcionarios iraníes acusados de reprimir las protestas nacionales que desafían al gobierno de Irán.
Las sanciones incluyen al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a quien el Departamento del Tesoro acusa de ser uno de los primeros funcionarios en incitar a la violencia contra los manifestantes iraníes.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también designa a 18 personas y empresas que, según Estados Unidos, han participado en el lavado de dinero procedente de la venta de petróleo iraní a mercados extranjeros como parte de una red de banca paralela de las instituciones financieras iraníes sancionadas, Bank Melli y Shahr Bank.
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La banca paralela se refiere a las actividades e instituciones financieras que actúan como bancos, pero que operan al margen de las regulaciones del sistema bancario tradicional.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que Estados Unidos “apoya firmemente al pueblo iraní en su llamado a la libertad y la justicia” y que el Tesoro “utilizará todos los medios para perseguir a quienes están detrás de la opresión tiránica de los derechos humanos por parte del régimen”.
Entre otras cosas, las sanciones niegan a las personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activo financiero en Estados Unidos e impiden que las empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellas.
Sin embargo, son en gran medida simbólicas, ya que muchas de ellas no tienen fondos en instituciones estadounidenses.
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