La oficina de la Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, advirtió este domingo que la propuesta del gobierno para prescindir de asesoría legal es “ilegal y perjudica gravemente el cumplimiento de las normas gubernamentales”.
El debate sobre la propuesta, cuya votación estaba prevista para hoy en la reunión de gabinete se postergó para la próxima semana.
Según la propuesta, se introducirán varios cambios en los procedimientos para la aprobación de decisiones y el avance de la legislación gubernamental:
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- Un ministro podrá presentar una propuesta y someterla a debate sin recibir un dictamen jurídico, si este no se ha proporcionado en un plazo de siete días desde la solicitud.
- Las iniciativas de ley podrán avanzar sin recibir un dictamen jurídico, o del Comisionado de Presupuestos del Ministerio de Finanzas.
- Los directores generales de los ministerios gubernamentales tendrán acceso directo al sitio web de legislación gubernamental, lo que les permitirá distribuir iniciativas de ley de forma independiente. Al mismo tiempo, el Secretario de Gobierno tendrá acceso para publicar decisiones y leyes.
- La propuesta incluye la eliminación de todas las secciones del reglamento en torno a los mecanismos de un “gobierno alternativo” y “primer ministro alternativo”, que anteriormente estaban vinculados a gobiernos rotatorios.
La exposición de motivos de la propuesta establece que el nuevo reglamento de trabajo gubernamental permitirá mayor eficiencia. Con respecto al gobierno alternativo, se alega que este mecanismo ya no es relevante y, por lo tanto, se recomienda su abolición.
En un dictamen jurídico redactado por el adjunto de Baharav-Miara, Gil Limon, la oficina de la Fiscal General escribió que los cambios propuestos por el ministro de Justicia, Yariv Levin, “cambiarían fundamentalmente la labor del gobierno” y abrirían la puerta a decisiones gubernamentales ilegales.
“Se espera que las enmiendas propuestas perjudiquen la integridad, la eficiencia y el profesionalismo de la labor gubernamental”, agregó.
Enfatizó que la propuesta elimina importantes salvaguardas para la integridad y la legalidad de la labor gubernamental y busca “hacer opcionales ciertos componentes de la función consultiva del Fiscal General“.
“Como resultado también contradice los fallos de la Corte Suprema sobre la condición de las opiniones de la Fiscal General frente al gobierno, como expresión de la ley, y sobre el papel de la Fiscal General como intérprete autorizada de la ley, siempre que la Corte no haya dictado lo contrario”.
La Fiscalía General advirtió además que la propuesta aborda aspectos de la actividad gubernamental que fueron fundamentales para el intento del gobierno de destituir a Baharav-Miara. Por lo tanto, escribió, es incompatible con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que anuló su destitución.
“La Fiscal General continúa ejerciendo legalmente su cargo; la decisión de destitución es nula; y cualquier acción unilateral que busque cambiar su estatus, facultades o métodos de trabajo en torno a la decisión de destitución es incompatible con esta sentencia”.
El momento y las circunstancias de la presentación de la propuesta, según la opinión, “requieren un escrutinio especialmente riguroso”.
“Cambiar las reglas del juego gubernamental relativamente cerca de un periodo electoral, de manera que se reduzca la supervisión y el control, es incompatible con la creciente necesidad de garantizar una administración adecuada”.
La Fiscalía General afirmó que las decisiones gubernamentales tomadas en cada reunión del gabinete tienen un gran impacto en la ciudadanía, en materia de seguridad, salud, bienestar, asignaciones presupuestarias y otros asuntos.
Aun así, añadió, “durante mucho tiempo hemos presenciado una grave alteración de los métodos de trabajo gubernamentales y el deterioro de los procesos de trabajo adecuados”.
El dictamen subrayó que las enmiendas implementan efectivamente iniciativas legislativas que aún se debaten en la Knéset para dividir el papel del Fiscal General, cambiar su naturaleza y esencia.
Si bien las enmiendas pretenden limitarse al procedimiento gubernamental, sus “implicaciones son mucho más amplias” y reflejan la disposición del gobierno a renunciar a su deber de actuar conforme a la ley.
La Fiscalía señaló que existe un impedimento legal para aprobar la propuesta, ya que “carece de fundamento profesional; en su formulación no participaron funcionarios de la Secretaría del Gabinete ni de los órganos jurídicos competentes; no se agotó la discusión jurídica que se inició tras su presentación a la Fiscalía; se rechazaron observaciones de fondo; y no se llevó a cabo un diálogo significativo”.
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