El 8 de octubre de 2023, al día siguiente del más sanguinario ataque terrorista sufrido por Israel desde su creación, escribí un artículo en el que señalé la magnitud de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica contra civiles israelíes en el sur del país. Aquella agresión, planificada durante meses y ejecutada con una crueldad extrema, conmocionó al mundo y expuso sin ambigüedades la vesania del extremismo islamista.
Pero junto con la barbarie, aquel día emergió otro hecho imposible de ignorar: el colapso del sistema de seguridad israelí. Los terroristas rompieron con tractores vallas precarias, dotadas solo de cámaras, que inexplicablemente no formaban parte del muro de contención de alta tecnología construido para impedir infiltraciones. La facilidad con la que actuaron dejó atónita a la sociedad israelí.
Resulta inconcebible que organismos como el Shin Bet, el Mossad o la inteligencia militar no hayan detectado una operación de tal envergadura. Tampoco existe una explicación satisfactoria para la respuesta tardía del ejército mientras ciudadanos eran exterminados. Más grave aún: se supo que advertencias realizadas por soldados en torres de vigilancia fueron desoídas y, en algunos casos, reprimidas por superiores.
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En aquel primer artículo sostenía —y lo sigo haciendo— que no era el momento de ajustar cuentas internas. Israel estaba bajo ataque existencial. La prioridad era la unidad nacional, la derrota militar de Hamas y la recuperación de los rehenes. Las responsabilidades debían establecerse después de la guerra.
Ese tiempo ya llegó.
El 7 de octubre de 2025 se cumplieron dos años del ataque terrorista más devastador de la historia israelí, y el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu no ha impulsado aún una investigación profunda, independiente y transparente que determine responsabilidades políticas, militares y de inteligencia. Salvo renuncias aisladas, la cadena de mando permanece en gran medida intacta. La sociedad israelí no comprende —ni acepta— que una de las mayores fallas de seguridad de su historia no haya sido plenamente esclarecida.
La reciente guerra directa entre Israel y la República Islámica de Irán, que evidenció tanto el poder militar del país como la extraordinaria capacidad de infiltración del Mossad en territorio enemigo, vuelve todavía más incomprensible el fracaso previo frente a Hamas.
¿Cómo explicar semejante ceguera estratégica ante una amenaza cercana, conocida y declarada?
La justicia no es venganza. Es responsabilidad moral. Los soldados caídos, las víctimas del festival, las familias masacradas en los kibutzim y los rehenes que padecieron cautiverio —muchos de ellos asesinados— merecen verdad, rendición de cuentas y consecuencias.
En este contexto, el reciente regreso a Israel de los restos de Ran Gvili, último secuestrado identificado, adquiere un valor simbólico profundo. No repara la pérdida, pero restituye dignidad.
Israel y el judaísmo honran la santidad de la vida, incluso cuando esta ha sido brutalmente arrebatada, y es una constante preservar la respetabilidad de la muerte, aun frente a la barbarie. Recuperar un cuerpo no es un gesto político: es un imperativo ético.
Ese mismo denominador, debe regir también hacia adentro.
Israel es una democracia precisamente porque se investiga a sí mismo, incluso cuando duele e incomoda al poder. Postergar indefinidamente esa investigación no fortalece al país: lo erosiona.
La unidad fue imprescindible durante la guerra.
La justicia es indispensable ahora.
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