La aprobación el 30 de marzo por parte de la Knesset de una ley que habilita la pena de muerte para terroristas marca un punto de inflexión histórico, no solo en el plano jurídico, sino también en la concepción estratégica del Estado de Israel frente al terrorismo.
Con 62 votos a favor y 48 en contra, y con el respaldo explícito del primer ministro Benjamín Netanyahu, Israel ha dado un paso que durante décadas evitó, incluso en los momentos más dramáticos de su historia reciente.
No se trata de una decisión aislada ni improvisada. Es, en rigor, la consecuencia de un largo proceso de desgaste, frustración y aprendizaje —muchas veces doloroso— frente a un enemigo que ha sabido explotar, con eficacia, las debilidades estructurales de la democracia israelí.
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En 2008, al analizar el intercambio de terroristas por los cuerpos de los soldados Ehud Goldwasser y Eldad Regev, señalé que aquel canje —al que califiqué como “el canje de la ignominia”— no solo implicaba una claudicación moral, sino que además constituía un incentivo directo para la repetición de secuestros y actos terroristas. La celebración obscena de los asesinos en el Líbano y Gaza no dejaba margen para interpretaciones ingenuas: el terrorismo había comprendido que Israel era vulnerable a la presión emocional.
Los años no hicieron más que confirmar ese diagnóstico.
El 7 de octubre de 2023, con su carga de horror y barbarie, operó como un catalizador definitivo. La magnitud de la masacre, sumada a la persistencia de una política de intercambios que incluía la liberación de terroristas con múltiples cadenas perpetuas, terminó por erosionar profundamente la confianza de amplios sectores de la sociedad israelí en la eficacia de las respuestas tradicionales.
En ese contexto, el debate sobre la pena de muerte —que yo había planteado en 2025 como una necesidad a ser evaluada sin prejuicios— dejó de ser una hipótesis teórica para convertirse en una decisión concreta de política de Estado.
El impulso decisivo provino del controvertido ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien desde el inicio de su gestión promovió la iniciativa como una herramienta de disuasión y como una forma de poner fin a lo que muchos consideran un sistema de “puertas giratorias” para terroristas.
La ley aprobada introduce, sin embargo, matices que revelan las tensiones internas del sistema israelí. Si bien establece la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en actos terroristas, deja en manos de los jueces la decisión final entre esa pena y la cadena perpetua. No ocurre lo mismo con los terroristas provenientes de Cisjordania, para quienes la pena capital se aplicaría de manera automática, salvo excepciones.
Este último punto es el que ha suscitado las críticas más intensas a nivel internacional, donde se ha calificado la ley como discriminatoria y contraria a los principios democráticos. También dentro de Israel se alzaron voces en contra, como las de Yair Lapid y Benny Gantz, quienes cuestionaron tanto su eficacia como su legitimidad moral.
Ahora bien, el debate sobre la pena de muerte no puede ser analizado en abstracto ni presentado como una anomalía exclusiva. En la actualidad, cerca de 53 países aplican esta pena, entre ellos potencias y Estados de diversa naturaleza política. Según Amnistía Internacional, en 2023 los países que llevaron a cabo más ejecuciones fueron China, Irán,Arabia Saudita, Somalia y Estados Unidos, a los que se suman otros como Egipto, Irak, Vietnam, Yemen y Corea del Norte.
Pero la comparación no puede limitarse a la cantidad de países que la aplican, sino que debe atender a su naturaleza y finalidad. En la República Islámica de Irán por ejemplo, se ejecuta a personas por delitos como la apostasía, la blasfemia o la homosexualidad, y no es infrecuente que los condenados sean exhibidos públicamente colgados de grúas, en una práctica que combina castigo y escarmiento social. En otros países de la región, como Arabia Saudita, también se aplican penas capitales por conductas de índole religiosa o moral.
Frente a ello, Israel —una democracia consolidada— introduce esta pena en un marco acotado: exclusivamente para actos de terrorismo con resultado de muerte y tras un proceso judicial con garantías legales. Esa diferencia no es menor, y constituye uno de los ejes centrales del debate.
Durante años, el Estado judío osciló entre la firmeza militar y la concesión política, especialmente en lo relativo a la liberación de prisioneros. Esa ambivalencia fue percibida por sus enemigos como una debilidad estructural. La nueva legislación busca, precisamente, revertir esa percepción.
Se podrá debatir —y con razón— sobre la moralidad, la eficacia o las consecuencias de la pena de muerte. Pero lo que resulta innegable es que su aprobación refleja una conclusión a la que ha llegado una parte significativa de la dirigencia israelí: que las herramientas utilizadas hasta ahora no han sido suficientes para disuadir el terrorismo.
Al mismo tiempo, no resulta difícil anticipar las críticas provenientes de sectores de izquierda y de ciertos ámbitos internacionales, que, con frecuencia, aplican a Israel estándares que rara vez se exigen con igual rigor a otros países. En muchos casos, la condena no se limita a la medida en sí, sino que se inscribe en una lectura más amplia que tiende a cuestionar sistemáticamente las decisiones del Estado judío, aun cuando se trate de respuestas a formas extremas de violencia como el terrorismo.
En definitiva, Israel parece estar transitando el pasaje de una lógica basada, al menos parcialmente, en la negociación y el intercambio, hacia otra centrada en la disuasión extrema.
La historia dirá si este cambio logra el objetivo que se propone o si, por el contrario, abre un nuevo capítulo de escalada.
Pero hay algo que ya es evidente: cuando la indulgencia es percibida como debilidad, los Estados —tarde o temprano— recurren a la severidad.
Israel ha decidido cruzar ese umbral.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor
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