La decisión del Parlamento de Suiza el martes 28 de abril de rechazar el reconocimiento unilateral de un Estado palestino volvió a colocar a ese país en el centro de un debate internacional incómodo. No es la primera ocasión en la que Suiza desafía consensos políticamente correctos. Ya lo había hecho años atrás con el referéndum sobre los minaretes, una consulta que generó fuertes críticas externas pero que expresó preocupaciones identitarias, culturales y de seguridad presentes en buena parte de Europa. Hoy, una vez más, Suiza opta por una mirada basada más en la realidad que en los gestos simbólicos, a diferencia de otros gobiernos europeos —como el de España— más inclinados a mezquinos intereses ideológicos que a las condiciones efectivas para la paz.
En el caso palestino, esa realidad es evidente. Un Estado no nace por declaraciones diplomáticas ni por resoluciones votadas a distancia. Requiere instituciones viables, autoridad legítima, control efectivo del territorio y, sobre todo, voluntad de convivencia pacífica con sus vecinos. Nada de ello puede soslayarse cuando se trata de una zona marcada durante décadas por guerras, terrorismo e inestabilidad.
Uno de los fundamentos expuestos en el debate parlamentario fue particularmente revelador. Erich Vontobel, dirigente del Partido Popular Suizo de Zúrich, advirtió que reconocer a Palestina en las actuales circunstancias enviaría una señal profundamente equivocada. Recordó que Gaza continúa bajo control de Hamás, organización considerada terrorista por la propia Suiza, abiertamente opuesta a la paz y comprometida con la destrucción de Israel. Resulta difícil refutar la lógica de ese planteo: ningún reconocimiento serio puede ignorar quién ejerce poder real sobre el terreno.
Durante demasiado tiempo, sectores de la comunidad internacional actuaron bajo una lógica contraproducente. Después de cada ciclo de violencia llegaban nuevas promesas de ayuda económica, reconstrucción y respaldo político, mientras las exigencias concretas hacia quienes promovían la agresión eran mínimas o inexistentes. El mensaje implícito fue peligroso: la violencia no solo no impedía avances políticos, sino que en ocasiones parecía acelerarlos.
En Gaza, el dominio de Hamás convirtió al territorio en una base armada antes que en el embrión de un futuro Estado responsable. La glorificación del terrorismo, la educación para el odio y el uso sistemático de civiles como escudos humanos revelan hasta qué punto la soberanía fue invocada sin asumir las obligaciones mínimas que ella implica.
Sería, sin embargo, un error reducir el problema únicamente a Hamás. La Autoridad Palestina, presentada con frecuencia como interlocutor moderado, ha sostenido durante años prácticas y discursos incompatibles con una paz genuina: incitación sistemática, glorificación de terroristas, corrupción estructural y negativa persistente a reconocer plenamente la legitimidad histórica del Estado judío. Cambian los métodos y el lenguaje diplomático, pero el rechazo a aceptar la permanencia de Israel sigue siendo un rasgo compartido por amplios sectores palestinos.
Esa desaprobación se refleja también en consignas cada vez más difundidas en manifestaciones pro palestinas de Occidente, como “del río al mar”. Más allá de los intentos de edulcorarla, su sentido político tradicional remite a la desaparición de Israel entre el Jordán y el Mediterráneo, reemplazado por un Estado palestino único. No parece ser precisamente el lenguaje de la convivencia.
Existe además un hecho que muchos omiten deliberadamente: ningún Estado palestino viable podrá surgir sin la indispensable anuencia de Israel. No solo por razones geográficas y estratégicas, sino porque la paz exige acuerdos mutuamente aceptados, no imposiciones unilaterales. Pretender crear un Estado palestino contra la voluntad israelí equivaldría a sembrar desde su origen nuevas fuentes de conflicto.
Por ello, cualquier comienzo serio de negociación debería partir de una premisa básica: si alguna vez se constituye un Estado palestino, deberá ser desmilitarizado y comprometido de manera verificable con la seguridad de Israel. Esa condición no responde a capricho alguno, sino a la experiencia histórica. Tras retiradas territoriales previas, Israel recibió cohetes, túneles terroristas e incursiones asesinas. Ignorar esa memoria sería irresponsable.
Ningún pueblo pierde su derecho a aspirar a la autodeterminación. Pero ese anhelo no elimina responsabilidades esenciales. La creación de un Estado exige liderazgo serio, renuncia al terrorismo, instituciones funcionales y aceptación genuina de la existencia del vecino judío soberano.
El brutal ataque del 7 de octubre dejó al descubierto el costo de tolerar durante años estructuras armadas fanáticas en nombre de fórmulas diplomáticas vacías. Masacres de civiles, secuestros, torturas y crímenes de una ferocidad difícil de describir demostraron qué ocurre cuando el extremismo es minimizado o excusado. También obligan a formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿pueden quienes glorifican o perpetran tales atrocidades pretender como premio inmediato el reconocimiento de un Estado?
Quienes creen que una simple declaración internacional resolverá el conflicto desconocen que ningún papel sustituye la transformación política y moral necesaria sobre el terreno.
La decisión de Suiza merece entonces una lectura más profunda. No niega aspiraciones nacionales palestinas; rechaza la ficción de que la violencia puede conducir automáticamente a la soberanía y recuerda que la paz solo puede construirse sobre realismo, responsabilidad y seguridad mutua.
No al premio a la violencia ni al Estado palestino por decreto. Y, sobre todo, ninguna paz durable sin garantías efectivas para Israel.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor
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