La iniciativa de ley para crear una comisión de investigación política sobre las fallas del 7 de octubre superó el lunes su primera de tres lecturas en la Knéset con 59 votos a favor y ninguno en contra, luego de que los diputados de la oposición boicotearon la votación.
Según el proyecto de ley, si los diputados de la oposición no participan en el nombramiento de los miembros de la comisión, la investigación podría llevarse a cabo con solo tres miembros, designados por la coalición encabezada por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
El líder de la oposición, Yair Lapid, afirmó que la oposición boicoteó la votación porque se trata de “una presentación falsa cuyo único propósito es encubrir e impedir una investigación sobre la mayor catástrofe que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto“.
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“En el primer mes del próximo gobierno, estableceremos una comisión estatal de investigación sobre la masacre del 7 de octubre”.
El líder del partido Yashar y exjefe de las FDI, Gadi Eisenkot, señaló tras la votación: “Solo quienes conocen la verdad y le temen crean una comisión de investigación designada políticamente, diseñada para encubrir la verdad y manipular la opinión pública. Netanyahu, tienes miedo, y con razón; revela todos los protocolos y la verdad al público”.
El exprimer ministro y líder del partido Beyajad, Naftali Bennett, declaró: “Sin una investigación no hay solución. Un gobierno que elude una investigación solo condena a Israel a más y más desastres”.
El Consejo de Octubre, un grupo de protesta integrado por familiares de las víctimas de la masacre de Hamás y exrehenes, que aboga por el establecimiento de una comisión estatal de investigación independiente en Israel, criticó la votación en la Knéset. “Cada diputado que votó hoy a favor del comité de encubrimiento político debe saber que lo que para ellos fue un primer voto, para nosotros, las familias en duelo, fue una segunda puñalada en el corazón”.
“Ninguna ley infame borrará su responsabilidad por el 7 de octubre. Se establecerá una comisión estatal de investigación, y todos ustedes asumirán la responsabilidad y la culpa. Nos aseguraremos de ello, aunque sea lo último que hagamos”.
El proyecto de ley, impulsado por el diputado del Likud, Ariel Källner, propone una comisión con el propósito de llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e independiente sobre los ataques del 7 de octubre, la guerra que les siguió y las circunstancias que condujeron a los hechos.
Añade que “la comisión se establecerá teniendo en cuenta la controversia pública sobre la identidad de su órgano de designación, y de manera que permita la designación de sus miembros por amplio consenso y de forma equilibrada y justa entre los representantes del pueblo”.
Según el texto del proyecto de ley, los funcionarios que ocuparon altos cargos a partir del 6 de junio de 2024, fecha en que Israel aprobó la ley para la retirada unilateral de la Franja de Gaza, no podrán formar parte de la comisión. Los jueces actuales o anteriores de la Corte Suprema, exfiscales generales, jefes del servicio de seguridad Shin Bet y altos funcionarios de seguridad y justicia no podrán formar parte del panel, que estará compuesto por seis miembros.
La ley establece que una comisión estatal de investigación debe estar presidida por un juez en funciones o jubilado de la Corte Suprema, designado por el presidente del tribunal, y se considera el máximo órgano de investigación independiente del país.
El año pasado, el gobierno anunció la creación de un comité de investigación gubernamental para examinar las deficiencias relacionadas con los ataques del 7 de octubre, que no llega a ser una comisión estatal de investigación, la cual estaría presidida por un juez en funciones o jubilado de la Corte Suprema.
El nuevo proyecto de ley establece que, en un plazo de dos semanas tras su aprobación, el Presidente del Knéset presentará una propuesta con los nombres del presidente y los miembros de la comisión, “tras consultar con representantes de la coalición y la oposición”.
Si no se alcanza la mayoría, el presidente del Comité de la Cámara de la Knéset y el líder de la oposición nombrarán cada uno a tres miembros, uno de los cuales deberá reunir los requisitos de juez de la Corte Suprema, siempre que al menos 61 diputados de la coalición hayan dado su consentimiento por escrito a los nombramientos de la coalición y la mayoría de los diputados de la oposición hayan dado su consentimiento a los candidatos de la oposición.
El proyecto de ley propone además nombrar a cuatro miembros de familias afectadas por la guerra como observadores, quienes podrán participar en los debates, formular preguntas y presentar comentarios por escrito antes de la publicación del informe. El comité tendrá la autoridad de determinar las condiciones de su participación, incluyendo la limitación de su intervención en debates sobre documentos clasificados.
Según el proyecto de ley, el Director General de la Knéset será responsable crear el comité, integrarlo y administrarlo. Su actividad se financiará mediante un presupuesto estatal específico, sujeto a la aprobación del Comité de la Cámara de la Knéset.
El comité gozará de poderes estatales. Sus sesiones serán públicas y se transmitirán al público, pero no en directo. Podrá establecer restricciones sobre la transmisión y a celebrar sesiones a puerta cerrada cuando lo considere oportuno.
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