LEÓN OPALÍN
En un entorno altamente politizado con miras a las elecciones del 2012; el gobierno mexicano resalta continuamente los logros de su gestión, particularmente en materia de crecimiento: 5.4% en el 2010 y por arriba del 4.0% previsto para el presente ejercicio, y de inflación, que se acerca a la meta oficial de 3.0% anual; empero, los avances no parecen ser tan sobresalientes si se comparan con el magro incremento del PIB de entre 2.0% y 3.0% como promedio anual en las últimas tres décadas, con varios episodios recesivos y con el adelanto de casi 10.0% por año de China en ese periodo, de aquí que se concluya que al país le falta un largo camino por recorrer para que el crecimiento económico sea sostenible y en una magnitud que permita abatir las altas tasas de desempleo y subempleo existentes, reducir la economía informal y el rezago social. Cabe destacar que la atenuación del fenómeno inflacionario en México sigue una tendencia generalizada que se observa en la mayoría de las economía; no obstante, el deterioro histórico que han registrado los salarios en México, determina que a pesar de la reducida tasa de inflación prevaleciente, el poder adquisitivo de amplios sectores de la población sea hoy día limitado. Cabe recordar que la mitad de los habitantes del país viven en una situación de pobreza. Por lo demás, no es un secreto, que la inflación está reprimida por la apreciación del peso que se ha experimentado en los dos últimos años y la multiplicación de subsidios otorgados a diferentes grupos y productos, especialmente a los energéticos.
Por lo demás, México ha dejado pasar la oportunidad para aprovechar el dinamismo que ha manifestado la economía global en varios periodos de la última década, sobretodo el de la actividad productiva de EUA a la cual la de México se encuentra estrechamente vinculada. Asimismo, los elevados precios que registraron los hidrocarburos en la administración del presidente Fox y en la actual, que han proporcionado un monto extraordinario de divisa a México, han sido dilapidados en gasto corriente y en inversiones poco productivas; en este sentido, no se destinaron suficientes montos de inversión al propio sector energético para apuntalar su desarrollo, principalmente a Pemex, que muestra un importante proceso de descapitalización.
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Los petrodólares que ha recibido México en exceso han ayudado a evitar un grave deterioro de las finanzas públicas, empero, la vulnerabilidad que caracteriza a los mercados petroleros y ante la expectativa de que los niveles de producción del crudo continúen declinando en la República y los costos de extracción se incrementen, se precisa crear fuentes adicionales de ingresos tributarios para apuntalar las finanzas públicas, ya que el ingreso del gobierno es muy limitado, 10.0% del PIB, el más reducido de todos los miembros de la OCDE, lo cual incide en que sea necesario tomar una decisión política de fondo para modificar el sistema impositivo existente, el cual se evalúa como “disfuncional, regresivo e insuficiente para respaldar un desarrollo continuo”; la reforma tributaria resulta esencial en la reorientación de las políticas públicas para superar el virtual estancamiento de la economía nacional”. Paralelamente el sector público tendrá que transparentar su gasto y establecer mecanismo efectivos de rendición de cuentas. El gasto irracional y la corrupción son factores que han tenido sumido a México en el subdesarrollo.
Por otra parte, en el ámbito del sector público y en el del sector empresarial repetidamente se plantea la conveniencia de impulsar el mercado interno para no depender de los irregulares ciclos de la economía externa, especialmente de la de EUA; así se considera necesario romper la inequitativa distribución del ingreso que representa una severa limitante al aumento del consumo y a la vez propiciar un cambio drástico en materia de productividad vía un proceso de innovación tecnológica continuo; para el logro de este último es vital canalizar mayores recursos al ahorro y a la inversión y fortalecer el sistema educativo, a fin de adaptar el desarrollo de la mano de obra, en todos los niveles, a los requerimientos de una economía global denominada por las tecnologías fundamentadas en el conocimiento.
En este marco, es importante resaltar que el problema de la desigualdad en la distribución del ingreso, no sólo está vinculado a un concepto de justicia social, también tiene que ver con el ensanchamiento de la capacidad de consumo de la población; las instituciones y mecanismos de apoyo a los pobres se encuentran rebasados por la realidad; mientras persista una estructura en la que el 10.0% de la población posea el 50.0% del ingreso del nacional y el mercado interno este manejado por oligopolios; las posibilidades de mejorar la productividad y el avance de la economía serán limitadas.
Igualmente, preocupa la erosión del ambiente político, que ante la falta de cohesión en las principales partidas, persiste una parálisis legislativa que busca evitar los costos de iniciativas que generen cambios estructurales vitales para el desarrollo del país.
