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27 de noviembre 2011- La Liga Árabe ha aprobado un paquete de sanciones económicas contra Siria después de que Damasco haya rechazado aceptar a una misión de observadores árabes para verificar el cese de la violencia, dijo hoy el primer ministro catarí, Hamad bin Yasim bin Yaber al Zani.

El Consejo Económico y Social de la Liga Árabe, integrado por los ministros de Economía y Finanzas de esta organización, dio ayer su visto bueno al paquete de sanciones contra el régimen sirio que hoy ha sido refrendado por los titulares de Exteriores.

Los jefes de la diplomacia árabe han tomado esta resolución a pesar de que al menos dos países del grupo de contacto de la Liga Árabe se habían mostrado en contra de que se acelere la imposición de sanciones económicas a Siria, por el temor a que estas repercutan sobre la población civil.

El documento establece la prohibición de los viajes de altos responsables sirios y de los vuelos de las aerolíneas sirias al resto de países árabes, excepto en el caso de los aviones de mercancías. También se impide cualquier transacción comercial y gubernamental a través de los bancos centrales árabes, que deberán vigilar los giros bancarios, salvo los que envíen los trabajadores sirios en el exterior a sus familiares. Y se estipula el bloqueo de los fondos financieros del gobierno y los responsables sirios de acuerdo con una lista de nombres que deberá elaborar una comisión y la suspensión de la financiación de cualquier proyecto en territorio sirio por parte de los países árabes.

Ultimátum

Esta reunión tiene lugar después de que Damasco ignorara el ultimátum de la Liga Arabe, que expiraba el pasado viernes, para que Siria confirmara por escrito su beneplácito a la entrada de una misión de observadores de la Liga, para aclarar exactamente la situación en el país, donde la presencia internacional es mínima y solo se obtiene información a través de activistas opositores y del propio Gobierno.

En un primer momento y tras aceptar el pasado 2 de noviembre una propuesta de negociación de la Liga, el Ejecutivo sirio se comprometió a retirar al Ejército de los centros urbanos, liberar a los presos políticos, iniciar un diálogo con la oposición y permitir la entrada de observadores y periodistas internacionales en el país, pero no ha cumplido ninguna de estas condiciones. Naciones Unidas estima que más de 3.500 personas, en su inmensa mayoría civiles, han fallecido desde el inicio de las hostilidades el pasado mes de marzo.