JACOBO ZABLUDOVSKY
Vuelve. Todo olvidado.
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La frase de angustia salta del muro a pantallas, radios y periódicos como quien pide auxilio en un naufragio. Ahora resulta que 75 años después de haberlos expulsado por soberbios, prepotentes y violadores de leyes fundamentales les pedimos regresar para salvarnos de nuestra ineptitud y corrupción y poner orden en nuestra casa. A estas empresas las mueven los mismos propósitos de siempre: ganar la mayor cantidad de dinero en el mínimo tiempo posible, punto, lo demás es marginal. Pero no es de eso de lo que quiero hablar hoy, sino del escándalo desatado para mejorar la apariencia del proyecto.
Una semana después de su presentación, la iniciativa de reforma energética es un hecho consumado. La mayoría de los legisladores la apoya y la opinión pública ha recibido el mayor tsunami publicitario de la historia de México, al grado de ya no saberse quién razona al opinar y quién se dejó seducir por la saturación del mensaje oficial. La desproporción entre la defensa de la postura del Poder Ejecutivo y las voces disidentes o contrarias que no encuentran la misma oportunidad de llegar a la gente, puede ser, a partir de hoy y de este ejemplo, una razón para luchar por una garantía jurídica que otorgue a las opiniones respetables similar posibilidad de llegar al público. La libertad de expresión no es pareja si los medios, pagados o presionados, apoyan un solo punto de vista. No se sirve así a la democracia porque es abuso carente de equidad, desproporcionado, contrario al respeto a principios de igualdad de oportunidades. El saturar los medios de difusión masiva con una campaña abrumadora de tipo comercial incita a promover una reglamentación reguladora de la publicidad en actos de gobierno.
Una cosa es informar, a lo que las autoridades no solo tienen derecho pues están obligadas, y otra, muy distinta, es una operación gigantesca de lavado de cerebro sobre medidas que afectan a los ciudadanos. Ante la ley todas las voces tienen el mismo derecho de hacerse oír, aunque suene demagógico y en la práctica imposible. Impedir esa posibilidad equivale a bloquear una carretera, en este caso la de las ideas, de las opiniones cuyo debate constituye la esencia de los regímenes emanados del voto popular. Disfrazar de noticia la intención de cambiar decisiones no es propio de la voluntad que inspiró a nuestros constituyentes ni a los autores de leyes secundarias sobre la libertad de expresión.
El resultado, una falta de información agravada, por ejemplo, en el tema de la propiedad del petróleo a causa de la confusa definición de lo que llaman utilidad compartida, donde tal vez está encerrado uno de los gatos. Qué utilidad y qué se comparte; quién fija la utilidad y quién, el monto de lo compartido. Falta la letra chiquita para saber a cambio de qué regresarán los redentores, habida cuenta de que los mueve no el afán de ayudarnos a salir del hoyo sino, fuera tapujos, el de extraer con el crudo toda la lana posible, en breve y con la mínima inversión. Es el meollo de la polémica, convertida en monólogo desde el inicio del proyecto.
La propuesta que hago de acotar la desmesura de cualquier gobierno, tiene otro aspecto grave. Así comienzan las dictaduras, secuestrando los instrumentos de información, a veces por medios violentos, otras con recursos sutiles y en ocasiones con el desparpajo de quien todo lo puede. Así empiezan los cultos a la personalidad hasta llegar a los campos de exterminio. Así empiezan las restricciones a opiniones distintas hasta unificarlas por la fuerza. Así es, guste o no, aunque parezca exagerado. La manera de evitarlo es combatir la tentación desde su nacimiento, no dejarla crecer, obligarla a la prudencia y al respeto a la esencia de la vida pacífica en común: proteger al hombre y a la mujer de los excesos de poder cuando se detectan.
Debe ser tarea inmediata, porque admitirla sin reacción es estimular su crecimiento y frecuencia. Su tolerancia explica por qué las voces silenciadas se van a gritar su verdad a las calles o las plazas públicas. Estilos como este no permiten otra opción.
En medio de gritos y sombrerazos por el destino del petróleo mexicano es fácil distraerse y dejar hacer, dejar pasar. Sería grave error. Es asunto merecedor de atención inmediata de quienes discuten ahora la reforma de nuestra estructura jurídica.
Una definición de democracia sentencia: es un estado guiado por la voluntad de la mayoría. Sí, pero parte siempre del respeto al pensamiento del ciudadano, de no violar la garantía individual, de proteger los derechos de cada quien aunque piense distinto a su gobierno y aunque sea un hombre solo con su opinión.
