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FRANCISCO VALDÉS UGALDE

Enlace Judío México | El pasado martes el Instituto Belisario Domínguez del Senado realizó un seminario coauspiciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la UNAM: “La libertad de expresión, pilar indispensable de la democracia”. En él se revisó la actualidad de este derecho en el marco de los derechos humanos a 100 años del asesinato de Belisario Domínguez por encargo de Victoriano Huerta. Tuve el honor de ser invitado a participar y comparto con el lector un resumen de lo expresado.

La libertad de expresión es indisoluble de la democracia y del conjunto de los derechos humanos que un Estado y una sociedad democráticos deben sostener. De ahí que las condiciones bajo las que se ejerce esa libertad y los demás derechos dependen de las circunstancias con que las instituciones democráticas permiten su realización. Por ejemplo, un “pilar indispensable” de la democracia es la calidad de la ciudadanía. Uno de los indicadores por los que se mide esa calidad es el grado en que tiene “comprensión ilustrada” (Dahl) de los fenómenos que le rodean para guiar su participación efectiva en la definición de asuntos públicos, tales como decisiones de gobierno o políticas públicas.

Ese factor, que tiene una incidencia central sobre las condiciones de igualdad de los miembros de la comunidad política, depende de la información que circula en el espacio público. La libertad de pensamiento ha sido históricamente madre de la libertad de prensa. Aquélla empezó con la reivindicación de la libertad de los individuos para interpretar libremente las sagradas escrituras, rompiendo el privilegio del monarca de determinar la religión de los súbditos.

A la postre, la libertad de imprenta y la proliferación de medios impresos abrió una secuencia histórica caracterizada por la predominancia de la prensa escrita. Hasta la aparición de los medios audiovisuales en la segunda mitad del siglo pasado, la prensa escrita fue la reina de la comunicación social. El acceso a información por esa vía permitía a los ciudadanos formar su opinión sobre los asuntos públicos. El sistema de medios de comunicación era relativamente accesible y homogéneo en comparación con lo que vendría después. Los medios audiovisuales cambiaron este panorama. Si bien la estructura de emisor-receptor se mantuvo en sentido general, su especificidad cambió. De una lectura de la prensa y un proceso de retroalimentación normalmente practicado por la prensa con base en el “interés del público” se pasa a medios que son, primordialmente, empresas lucrativas. No es que la prensa escrita no lo fuera o no lo sea en la actualidad, sino que la relación entre su propósito comercial y su finalidad informativa era menos fácil de confundir que con los medios electrónicos.

Estos últimos no tienen como principal objetivo informar al público, sino ofrecer una variedad de productos de entretenimiento entre los cuales la información acerca de los problemas públicos propiamente dicha no sobresale singularmente, a diferencia de lo que ocurre con la prensa escrita. En los medios electrónicos el interés privado empresarial prevalece sobre el interés de informar al público y transmitir sus inquietudes y preocupaciones. De ahí que el ciclo de la retroalimentación sea viciado sustancialmente, lo que se evidencia en la baja calidad informativa y formativa de la opinión ciudadana de los medios electrónicos.

Existen excepciones honrosas, no cabe duda. Pero por desgracia son excepciones. La ausencia de un sistema robusto de medios electrónicos públicos que se manejen con autonomía, sin control gubernamental, es una asignatura pendiente de nuestro sistema público. En una sociedad en que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema es absurdo pensar que los ciudadanos en esa condición puedan tener una comprensión ilustrada de los asuntos públicos. Eso no significa que sean incapaces de allegarse información, sino que la información que les proporciona el sistema de medios de comunicación no es adecuada sino, inclusive, corrosiva del civismo y de los valores democráticos que, aunque incipientes, se ha logrado formar.

La libertad de expresión es uno de esos valores fundamentales. Tiene la protección de las leyes en sus niveles básicos, pero se carece de iniciativas de mayor alcance para que mejore su calidad y las posibilidades de la gente para participar en las decisiones colectivas.

Si la libertad de expresión es un valor, las condiciones de su realización deben ser atendidas. La única forma de avanzar en esa dirección es el establecimiento de un sistema de medios públicos, radio y televisión, que instituyan estándares informativos, de discusión pública y de recreación que apoyen la elevación del nivel de instrucción y educación del público. Por cierto, esta elevación es, además, un medio para salir de la pobreza por cuenta propia más allá de la filantropía privada u oficial.

*Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.

Fuente:eluniversalmas.com.mx