Deportaciones e inmigrantes ilegales.
Hoy en la mañana estaba en mi automóvil, parado en el crucero de las calles de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad, cercano a mi domicilio, cuando intempestivamente surgieron 3 hombres negros, sucios, con cara de desesperación, se apostaron a ambos costados del vehículo estirando las manos dando a entender que querían dinero para comer. Asimismo, el día de ayer en un crucero cercano estaba un negro gigantesco fornido en extremo, limpio, contorsionándose a ritmo de rap con el sonido de una grabadora, ofreciendo cintas musicales, me imagino de origen “pirata”. Le comenté al doctor del club deportivo en relación a los negros que deambulan en los cruceros y me dijo que él ha visto en diversos puntos de la ciudad escenas similares.
Me imagino que estos individuos de color que vemos en la Ciudad de México son parte de los grupos de haitianos, africanos y cubanos, principalmente, varados en la frontera Norte de México desde la primavera pasada (su número se estima en 15 mil personas) en la esperanza de cruzar a EUA. La mayoría de los haitianos viajaron primero a Brasil y allí sobrevivieron temporalmente empleándose en construcciones vinculadas a las olimpiadas que se celebraron en ese país, posteriormente se fueron a diferentes países de Centroamérica, principalmente a Nicaragua.
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Los cubanos, al amparo de la política estadounidense de “pies secos, pies mojados” durante más de dos décadas tuvieron la oportunidad de ingresar a EUA de manera legal, recibir ayuda económica y acceder a la residencia en ese país; un sinnúmero de cubanos entraron a EUA por la vía terrestre procedentes de México y de Canadá. Esta política fue dispuesta por el presidente Clinton en 1995 después de que una avalancha de balsas provenientes de Cuba comenzó a desembarcar un año antes en las costas de Florida debido a la grave crisis económica que registraba la Isla. Los cubanos interceptados en el mar, pies mojados, eran regresados a Cuba.
Ante la expectativa de la normalización de relaciones entre Cuba y EUA el flujo de cubanos a EUA pasó de 25 mil en el 2014 a 45 mil el año pasado. En este marco, el 12 de enero del 2017, el todavía presidente de EUA, Barak Obama derogó la política de “pies secos, pies mojados”, indicando que en lo sucesivo los migrantes cubanos pasarían por los mismos requisitos que otros migrantes, dando fin al flujo migratorio irregular; con ello miles de cubanos que esperaban en la frontera norte de México para ser entrevistados por las autoridades estadounidenses para que les autorizaran la entrada vieron cortadas sus esperanzas de vida, y empezaron a deambular por Mexicali y Tijuana. A los miles de haitianos, cubanos y africanos en estas ciudades habría que sumar un número indeterminado de centroamericanos que huyendo de la violencia existente en sus países, esperan que traficantes de personas (coyotes) los pasen ilegalmente a EUA.
Debido a la presión ejercida por EUA a México para que este último frenara el flujo de migrantes que atraviesan el país, comenzó el Programa Frontera Sur como un esfuerzo para controlar a las personas y bienes que cruzan desde la frontera con Guatemala. Bajo el Plan se duplicaron las deportaciones desde México, en el 2013, cuando se aprobó a 2016. A pesar del Programa de la Frontera Sur, siguen infiltrándose muchos migrantes indocumentados. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que entre 400 mil y 500 mil migrantes indocumentados transitan a través de México cada año y que el 90.0% de ellos son centroamericanos. Muchos haitianos y cubanos han decidido quedarse permanentemente en Mexicali y Tijuana, empero, no les será fácil encontrar un medio de sustento. Los refugios para migrantes, sostenidos por entidades religiosas y ONGS, principalmente, están saturados y existe el temor de que en breve se registre una crisis humanitaria en la frontera norte con repercusiones en cadena en el resto de la República. Las autoridades de México han expresado que apoyarán a los migrantes en la frontera norte, sin embargo, el representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, Christopher Gascón, dijo recientemente que no creía que México tenga la capacidad para hacerlo. Grupos humanitarios y activistas en Tijuana presentaron al final de enero pasado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que sostienen que los funcionarios han violado los derechos humanos de los migrantes “de manera amplia y repetida” al no hacer frente a la crisis.
El problema generado en la frontera norte, y en general en México, por la deportación de indocumentados de EUA, no es nuevo, lo cierto es que ahora el gobierno mexicano se siente preocupado e implementa acciones para amortiguar el impacto de las deportaciones y para que se respeten los derechos de los connacionales en EUA. Aquí surge la pregunta ¿por qué durante décadas el gobierno no desarrolló una política relacionada con estos temas, sobre todo al considerar que durante las dos administraciones de Barak Obama se deportaron más de 2.8 millones de indocumentados, una gran parte mexicanos, el mayor número en 30 años.
Durante su campaña, Donald Trump prometió expulsar a 11.3 millones de migrantes indocumentados en un plazo de 18 meses; no obstante, ya como presidente ha suavizado su discurso y ahora dice que solo expulsará a los que tienen antecedentes criminales, “unos dos o tres millones”. Si bien en su visita a la Ciudad de México del 23 de febrero pasado los Secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, Rex Tillerson y John Kelly, expresaron que no habrá deportaciones masivas, ni se militariza la frontera, recalcando que las expulsiones se centrarán en los migrantes con antecedentes penales, que todo se hará de manera legal y de acuerdo a los derechos humanos; no obstante, existe incertidumbre entre los mexicanos de que así suceda. Las autoridades de EUA han dicho “que se contratarán a 15 mil efectivos adicionales para controlar la migración ilegal; se extenderá el perímetro de expulsión expedita a 160 km a partir de la frontera a todo el territorio de EUA y el periodo de deportación inmediata de 14 días a dos años”. Asimismo, se amplía la definición de actos criminales y de delitos imputables; “lo que indica que habrá más deportaciones que antes”. ¿Qué pasará con los delincuentes mexicanos expulsados? ¿Se integrarán a las bandas organizadas? ¿Actuarán por su propia cuenta? A juicio de diferentes analistas, el gobierno mexicano está actuando de manera reactiva, tardía y patriotera frente al problema migratorio.
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En España, Iñaki Urdangarin (IU) el esposo de Cristina de Borbón, hermana del Rey Felipe VI de España, fue acusado de utilizar el Instituto Noos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas, además de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad contra Hacienda y blanqueo de capitales. La Fiscalía pedía para él una condena de reclusión de 19.5 años. Sin embargo, el 23 de febrero pasado, en Baleares, las autoridades judiciales acordaron dejarlo en libertad sin fianza y que comparezca el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de Suiza, el país en el que reside actualmente. IU condenado a 6 años y tres meses de prisión podrá esperar en libertad el fallo definitivo.
Su esposa Cristina estaba procesada como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. La organización Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, reclamaba una pena de 8 años de prisión y una multa de 2 millones de euros; sin embargo, el Tribunal del caso Noos la absolvió. Se considera que es responsable como partícipe a título lucrativo por lo que se le ordenó la devolución de 265 mil euros que habría disfrutado de los delitos cometidos por su esposo, empero, “sin saber el origen delictivo de los recursos”; ¡si cómo no!
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