La corrupción corroe a México

La corrupción se ha enraizado en la sociedad mexicana de una manera cínica; la gente está harta de la misma y de la impunidad de las autoridades para castigarla, porque estas son parte de ella, no obstante, este fenómenos ya es percibido como cotidiano, frente al cual no se puede hacer nada, a menos que se combata con medidas dacronianas como sucedió en Singapur.

LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO

Singapur antes de 1960 era uno de los países con mayores índices de criminalidad en el mundo; por su cercanía con Malasia y China, que eran importantes centros de tráfico de drogas y existían malos manejos del gobierno e impunidad. Al llegar al poder Lee Kuan Yew, que fungió como primer Ministro (1959-1990), se produjeron grandes cambios, que se catalogan como represivos y radicales, “hace 10 años había 500 mil presos, hoy solo quedan 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados al igual que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, entre otros) y los empresarios ladrones. Los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país vía Malasia, so pena de trabajos forzados o ser fusilados”.

La erradicación de las prácticas corruptas en Singapur no solo implicó severos castigos, e incluso la pena de muerte, implicó una visión integral en el sistema educativo, sueldos remuneradores para los funcionarios públicos, equivalentes a los del sector privado. Los nombramientos en el Poder Judicial están sujetos a una transparencia absoluta y a concursos por méritos de los candidatos. Los juicios son públicos y cada juez es evaluado públicamente. Abatir la corrupción determinó un compromiso de la sociedad sin ambigüedad.

En México el pan de cada día en materia de corrupción se centra en gobernadores en funciones y exgobernadores; el monto de las substracciones ilícitas de recursos de los erarios suma cantidades estratosféricas, miles de millones de pesos en cada caso. Resalta la detención en abril pasado en Florencia, Italia, del ex gobernador priista del Estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington (TY), (1999-2005). Está acusado de trabajar para dos cárteles de la droga, y de acuerdo a la DEA (agencia antidroga de EUA) de recibir millones de dólares de los mismos a cambio de protegerlos.

El ex gobernador, nacido en 1957, disfrutaba de una vida de lujo y fue amigo del ex presidente George Bush, quien expresó que TY no era su amigo, sino su compadre.

El ex gobernador vivía plácidamente en Florencia a pesar de que desde hace un lustro había una orden de captura en su contra de graves cargos que le imputaba la DEA, que incluían el asesinato de un colega de su partido. Durante su gestión se cometieron varias matanzas en Tamaulipas, entre ellas la de 72 migrantes centroamericanos enterrados en una fosa.

La detención de TY fue a petición del gobierno de EUA; será extraditado para ser juzgado en EUA y México. México ha solicitado 20 años de prisión para TY y EUA dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión. En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció 15 millones de pesos de recompensa para capturar a TY. La PGR había girado la orden de aprehensión en su contra desde hace 4 años.

La detención de TY no cierra un negro capítulo en la historia del Estado de Tamaulipas, ya que se mantienen otras investigaciones de dos ex gobernadores de ese Estado que están en la mira de la Justicia. TY no escapará de la Justicia porque EUA está a la cabeza del juicio del narco-gobernador.

Pemex y el Sindicato Petrolero

Pemex, por la significativa fuente de ingresos que le ha generado a México ha sido históricamente una empresa “a la que le han metido mano” sus funcionarios de alto nivel y el Sindicato Petrolero; por su posición estratégica en la economía, también ha representado un eje vital de control político del gobierno. En este ámbito, destacó Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina (1922-2013) que por varias décadas fue líder del Sindicato Petrolero, ingresó a trabajar a Pemex a finales de la década de los treintas.

Durante la dirigencia de La Quina, el Sindicato Petrolero estaba integrado a la estructura corporativa del PRI, controlando la designación de diputados y senadores, presidencias municipales y todo tipo de puestos y nombramientos en las zonas petroleras del país, “concentrando un poder sin parangón entre los denominados caciques sindicales”. El fin del poder de La Quina se registró el 10 de enero de 1989 por órdenes del entonces presidente de México, Carlos Salinas, quien había asumido la presidencia el 1 de diciembre de 1988, bajo sospechas de fraude electoral. Carlos Salinas, a través del llamado “quinazo”, obtuvo el control del Sindicato para legitimar la presidencia y terminar con La Quina que se oponía a las políticas de privatización del gobierno. La Quina fue condenado a 35 años de prisión con el pretexto de acopio de armas ilegales; con La Quina caerían todos sus allegados. El nuevo liderazgo del Sindicato fue encabezado por Sebastián Guzmán Cabrera por cuatro años y después por Carlos Romero Deschams (CRD) quien hasta el presente sigue fungiendo como líder del Sindicato de Pemex. La Quina obtuvo la amnistía en 1997.

CRD de 74 años de edad, además de dirigente del Sindicato Petrolero, es Senador de la República (1 septiembre del 2012 al 31 agosto del 2018), postulado mediante el principio de representatividad proporcional por el PRI, está involucrado en uno de los mayores de fraudes de Pemex (el famoso Pemex gate). CRD se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la corrupción e impunidad en México. Su fuero como Senador lo ha librado de ser investigado de múltiples delitos; la posición de CRD es estratégica en el sistema político mexicano, de aquí que en los 2 sexenios que el PAN estuvo en el poder con Vicente Fox y Felipe Calderón las denuncias que se presentaron contra él, incluso por parte de los trabajadores de Pemex, “ni siquiera lo despeinan” CRD es intocable.

Al igual que La Quina, el sindicato de CRD ha financiado movimientos políticos y campañas electorales del PRI, el gobierno le ha correspondido a través de canon jías “mediante un jugoso 2 por ciento sobre contratos de obras y servicios que realiza Pemex”; además, el Sindicato Petrolero ha recibido miles de millones de pesos de Pemex por concepto de “apoyos para distintas actividades sindicales, sin justificar en que se gastan, arropado por la proclama tramposa de la autonomía sindical”

Los beneficios ilegales obtenidos por CRD se han extendido a su familia y no se les ha investigado. El periodista Martin Moreno menciona en el libro Demonios del Sindicalismo (Aguilar 2015) cómo José Carlos, hijo del líder sindical petrolero, se ha convertido en el dueño de las calles de Miami con su auto Enzo Ferrari, de dos millones de dólares; describe los tres yates de los que es propietario CRD y detalla cómo su hija Paulina “cubre de lujos a sus perros”. Es posible que CRD salga del Sindicato Petrolero en el 2018; no obstante, ello no borrará el sinfín de sus abusos financieros, de complicidades políticas, de una riqueza inexplicable, del enriquecimiento ilícito familiar. El daño quedará allí, imperecedero. La justicia mexicana tiene la última palabra para que se le castigue y devuelva al país la enorme riqueza que expolió a los mexicanos.

Robo de Combustible en ductos de Pemex

El robo de combustibles por parte de la delincuencia organizada en ductos de Pemex se ha incrementado sensiblemente causando no solo pérdidas económicas a Pemex, sino enfrentamientos del Ejército y la policía con los llamados huachicoleros, quienes el 3 de mayo pasado lanzaron un abierto desafío al Estado mexicano, al matar, en dos ataques ocurridos cerca de la comunidad de Palmeria en Puebla, a 4 militares y herir a 12 más. Los agresores tuvieron varias bajas y dos heridos; los huachicoleros utilizaron a mujeres y niños como escudos humanos, aparentemente el “descabezamiento y debilitamiento de los principales grupos del narcotráfico ha provocado una diseminación de estos y una “mutación de sus prácticas”, los cárteles más pequeños y menos organizados se han estado dedicando al robo de combustibles como una de las principales fuentes de financiación.

El diputado del PAN, Jorge Ramos Hernández, (JRH) integrante de la Comisión Bilateral de Seguridad en el Congreso ha señalado que grupos del crimen organizado, en contubernio con funcionarios de Pemex, incluso empresas que le dan servicio a esta última, están participando en “la ordeña” de ductos de Pemex. JRH mencionó que incluso se dio un caso de robo de combustible el 16 de marzo pasado en Tepeji, Hidalgo, donde se descubrió que en un parque industrial “se ordeñaban” ductos desde el interior de una compañía constructora. Asimismo, indicó que Pemex clausuró 316 gasolineras ubicadas en 31 entidades de la República por tener vínculos con el crimen organizado.

Las tomas clandestinas de combustibles pasaron de 691 en el 2010 a 6,159 en el 2016, lo que implicó un costo de aproximadamente 160 mil millones de pesos, a los que se suman otros 90 mil millones de la primera década de este siglo. Es de destacar además que los ingresos robados a Pemex se traducen en menor pago del IEPES de gasolinas (gravamen referido a la producción y/o venta o importación de gasolinas; se trata de un impuesto indirecto, que se traslada a los clientes).

El daño que causan los huachicoleros no es solo económico, también es de carácter social, en virtud de que la ordeña de ductos se realiza en buena medida en tierras de campesinos, que aterrorizados por los delincuentes, temen denunciarlos, e incluso los obligan a colaborar con ellos; es frecuente que niños campesinos trabajen de vigías (halcones) para avisar a los huachicoleros sobre los momentos cuando el Ejército o Policías se aproximan a las tomas clandestinas. La “ordeña” de combustibles está contribuyendo también a aumentar la inseguridad en el país.