Enlace Judío México.- Barack Obama hizo muy poco por doblegar al grupo militante, especialmente en Latinoamérica. Donald Trump debe hacer más.
EMANUELE OTTOLENGHI
El sábado el Vicepresidente Mike Pence va a reunirse con líderes regionales en la Cumbre de las Américas, donde él debe decir a los ahí reunidos que es hora de lanzar una campaña coordinada contra el imperio ilícito de Hezbolá en Latinoamérica. (El vicepresidente está interviniendo por el Presidente Donald Trump, quien canceló abruptamente su viaje latinoamericano para supervisar la respuesta estadounidense al último ataque químico de Siria). Pero primero, la Casa Blanca tiene que mostrar que está preparada para tomar la delantera designando a Hezbolá, una organización política y militante con base en Líbano, como una Organización Criminal Transnacional en virtud de la ley de Estados Unidos.
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Por un breve momento al inicio de este año, revivir la persecución a Hezbolá en Latinoamérica pareció ser una prioridad del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En diciembre pasado, una investigación de Político acusó que el gobierno de Barack Obama se había suavizado con Hezbolá a fin de facilitar las negociaciones nucleares con Irán, el principal patrón del grupo. Específicamente, la investigación halló que el Departamento de Justicia de Obama debilitó deliberadamente el “Proyecto Casandra”, una ambiciosa campaña de la Agencia de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) para impedir que Hezbolá trafique drogas dentro de Estados Unidos y Europa.
Si bien veteranos del gobierno de Obama insisten en que la información de Político era absolutamente falsa y motivada políticamente, la historia provocó que el gobierno de Trump transmitiera señales de que era importante perseguir a Hezbolá. De hecho, días después que Político publicó su exposición, el Fiscal General Jeff Sessions ordenó una revisión de las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia de Obama, y, el 11 de enero, anunció el establecimiento de una fuerza de tareas inter-agencias encargada de combatir la financiación de terrorismo de Hezbolá.
Sin embargo, por el momento no hay señales concretas de que el Departamento de Justicia esté listo para revivir “Proyecto Casandra”. La administración Trump tampoco ha designado a Hezbolá como una Organización Criminal Transnacional, lo que serviría como una medida significativa hacia marcar un fuerte contraste entre el presidente actual y su predecesor.
Aunque el Acta de Prevención Financiera Internacional de Hezbolá del 2015 requería que la Casa Blanca determinara si Hezbolá reúne los criterios para la designación, la administración Obama se negó a hacerlo. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han aprobado una legislación que busca incitar al poder ejecutivo a la acción, mientras da a sus agencias herramientas más agudas para ir detrás del grupo terrorista. Pero la administración aún no ha actuado.
Aunque hay cantidad de otros retos que pueden haber distraído a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia de Hezbolá, la Cumbre de las Américas representa una oportunidad crucial de poner la cuestión nuevamente sobre la mesa tanto en casa como en el exterior.
A la fecha, ningún país latinoamericano ha designado a Hezbolá como una organización terrorista. Pence debe plantear definitivamente esta cuestión en su segunda visita a la región, aunque el progreso puede ser difícil.
Sin embargo, Estados Unidos puede lograr mucho del mismo efecto persuadiendo a otros países de reconocer a Hezbolá como una amenaza de narcotráfico en virtud de sus propias leyes. Pero para que ese pedido sea creíble, Estados Unidos debe hacerlo primero.
Sin lugar a dudas, Hezbolá rechaza la noción de que se involucraría alguna vez en actividad criminal, porque admitirlo comprometería seriamente su afirmación de acatar la ética islámica. Afirmando que las acusaciones de actividades criminales son solo intentos por difamar, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, ha citado repetidamente el patrocinio iraní como la fuente de sus finanzas. Si bien la generosidad de Irán todavía recorre un largo camino, las necesidades financieras de Hezbolá han aumentado drásticamente con los años, impulsadas por la guerra y el aventurismo regional en favor de Teherán. Los ayatolas siguen comprometidos con su franquicia Hezbolá, pero no siempre han sido confiables debido a más de una década de crisis económica inducida por las sanciones. Desde al menos el año 2006, cuando Hezbolá tuvo que enfrentar el desafío de reconstruir Líbano luego de su guerra ese año contra Israel, el grupo ha buscado fuentes de ingresos alternativas, haciendo de las finanzas ilícitas un elemento principal de su presupuesto operativo anual.
Numerosos casos citados en la exposición de Político confirman que la cooperación con sindicatos del crimen para recaudación de fondos es integral para la estructura organizativa y modus operandi de Hezbolá, disfrutando de apoyo de los más altos escalones de la organización.
En el 2009, el Departamento de Justicia denunció a Hassan Hodroj y otros nueve individuos. Sus delitos incluyeron comerciar en divisas falsificadas, pasaportes falsos, artículos de lujo falsificados y robados, y, ominosamente, el intento de adquisición de 1,400 carabinas estadounidenses Colt M4. Hodroj era en la época, y sigue siendo hasta este día, un miembro del Consejo Político de Hezbolá a cargo de asuntos palestinos. La denuncia penal contra Hodroj deja muy en claro que Hezbolá aprobó, coordinó y se benefició de estas actividades. También revela que cuando agentes estadounidenses encubiertos negociaron acuerdos para la transferencia de armas, el agente involucrado llamó a una figura muy prominente en la jerarquía de Hezbolá — probablemente Abdallah Safieddine — para facilitar el acuerdo.
Safieddine es el hombre a cargo de supervisar las actividades criminales de Hezbolá y es parte del círculo íntimo del grupo. Él es primo materno de Nasrallah y enviado personal de Hezbolá a Teherán. Su hermano Hisham, un clérigo, es un miembro del Consejo Shura de Hezbolá, el órgano gobernante del partido, y muchos lo consideran el probable sucesor de Nasrallah. En febrero del 2016, la Agencia de Control de Drogas nombró a Hisham como el jefe del Componente de Asuntos de Negocios de Hezbolá. El segundo de Safieddine, Akram Barakat, tiene hermanos que son miembros principales de la rama latinoamericana del clan Barakat. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los registró como Terroristas Globales Designados Especialmente en el año 2006, acusándolos de participación en actividades criminales cuyos ingresos financiaron a Hezbolá. Las autoridades locales enjuiciaron a algunos, pero no a todos los hermanos y sus asociados a lo largo de los años por delitos que van desde fraude a tráfico de drogas.
Otros casos del “Proyecto Casandra” sugieren el nexo terrorista-criminal de Hezbolá. Uno en particular involucra a la empresaria libanesa Imán Kobeissi, a quien agentes estadounidenses encubiertos pusieron una trampa y arrestaron en el año 2015. Kobeissi fue acusada por lavar lo que ella creyó era dinero de ingresos por drogas, y por tratar de adquirir armas y partes de aviones tanto para Hezbolá como para Irán. Según documentos de la corte, ella se jactó de vínculos de Hezbolá con grupos criminales en numerosos países africanos y europeos durante sus encuentros con agentes estadounidenses encubiertos. Ella también mencionó a Puerto Rico como un punto de partida para envíos de cocaína — un indicativo de que las redes criminales de Hezbolá operan dentro de Estados Unidos.
El caso muy reciente de Ali Issa Chamas, un presunto traficante de drogas de Hezbolá extraditado de Paraguay a Estados Unidos en junio del 2017, parece confirmar los comentarios de Kobeissi acerca de Hezbolá usando a Puerto Rico para envíos clandestinos de cocaína. Los investigadores descubrieron que Chamas estuvo conspirando con un asociado radicado en Estados Unidos para enviar cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos por carga aérea. Según documentos de tribunales, Chamas alardeaba de una forma segura y rápida de enviar su mercancía a Estados Unidos.
Él no estaba más preocupado por la proyección de la carga en Estados Unidos que en Paraguay, donde los funcionarios corruptos miran al otro lado a cambio de sobornos.
Otro país donde la empresa criminal de Hezbolá tiene raíces profundas es Colombia, a la cual viajará Pence después de la Cumbre de las Américas.
Hezbolá trabaja con carteles de drogas locales para enviar cargas de múltiples toneladas de cocaína tanto a Europa como a Estados Unidos.
Mientras esté en la cumbre de este fin de semana, el vicepresidente debe recordar a sus anfitriones acerca de la red de Ayman Joumaa en Colombia, la cual lavó ingresos de drogas a través de un esquema complejo que involucraba negocios de coches usados en Estados Unidos y clientes en África Occidental. El Distrito Oriental de Virginia acusó a Joumaa en el 2011 basado en evidencias de la Agencia de Control de Drogas, aunque él sigue prófugo. Incluso después de que el caso Joumaa descubriera el rol prominente de las ventas de coches usados, ellas siguen una parte importante de los esquemas de lavado de dinero de Hezbolá a través de África Occidental. Imán Kobeissi dijo a agentes estadounidenses encubiertos que estacionamientos en África Occidental estaban todavía desbordando de coches estadounidenses usados a partir del 2015.
Sin importar cuanto pontifique Nasrallah acerca de la naturaleza piadosa y pura de las fuentes de financiación de su grupo terrorista, la evidencia acumulada durante una década de investigaciones en Estados Unidos y el exterior presenta un caso condenatorio para aprobar una legislación más dura contra el nexo terror-crimen de Hezbolá, y una aún más convincente para una designación como Organización Criminal Transnacional.
¿Qué está esperando Trump?
*Emanuele Ottolenghi es un miembro principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Fuente: Foreign Policy
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México.
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