Enlace Judío México e Israel – Este artículo se basa en el documento “COVID-19 y terrorismo: cuando la excepción confina la regla”, publicado el 4 de abril 2020, de la autoría de Moussa Bourekba, investigador del Centro de Pensamiento Global (CIDOB) que es una entidad de investigación en relaciones internacionales que se fundó en 1973 con sede en Barcelona, Cataluña, España. Basándose en los criterios de evidencia y relevancia, tiene como objetivo el análisis.
La lucha contra la propagación del coronavirus implica medidas excepcionales, que se justifican en estos momentos de emergencia sanitaria, que pueden convertirse en el futuro en normalización cotidiana que podrían ser un preámbulo para moldear los sistemas políticos y legales ante esta posibilidad, en que la historia de la lucha antiterrorista puede ayudar a entender y anticipar los retos de normalizar la excepcionalidad.
Aunque diferente en su origen, el COVID-19 y el terrorismo comparten ciertas características comunes. El coronavirus y los atentados terroristas siguen el mismo modus operandi: son invisibles, constituyen a la vez una amenaza endógena y exógena y, escogen a sus víctimas de forma indiscriminada. Varios gobiernos en el mundo están enfrentando la lucha contra el virus como si se tratara de una guerra. En América Latina, en Europa y Asia, diferentes gobiernos han usado referencias de corte bélico con el fin de movilizar a su población contra un “enemigo común”; en este sentido, Donald Trump y Emmanuel Macron, llegaron incluso a declarar la “guerra al virus” conforme la misma fraseología que emplearon sus predecesores contra el terrorismo global. Asimismo, al igual que en un atentado terrorista, la actual pandemia representa un evento excepcional e inesperado, y por tanto llama a medidas excepcionales para detenerlo.
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La amenaza que suponen ambos fenómenos no se limita con el tiempo, ya que siempre existe la posibilidad de rebrote, o en el caso del terrorismo, de una nueva ola de atentados. Este último aspecto es fundamental, ya que determina que las respuestas a ambos fenómenos, sobre todo las preventivas, conllevan repercusiones sobre las sociedades a largo plazo. La más importante de ellas es la posibilidad de que algunas medidas excepcionales en el presente se conviertan en prácticas el día de mañana.
Cuando se registra un atentado, los gobiernos suelen tomar medidas excepcionales para encontrar a los responsables y evitar la desestabilización de un país. Empero, a medida que la sociedad trata de volver a la normalidad, e incluso cuando disminuye el nivel de la amenaza terrorista, algunas de estas medidas no desaparecen en forma automática. En algunos casos puede suceder lo contrario y aparecen una serie de poderes y herramientas excepcionales para reforzar la capacidad de los servicios de inteligencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo, entre otras, la posibilidad de vigilar a la población de forma masiva, y no únicamente a las personas sospechosas de terrorismo, por lo demás, puede suceder que determinadas medidas puedan afectar el equilibrio de poderes, sobre todo entre el poder ejecutivo y el judicial y dar lugar a abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad e incluso generar violaciones de los derechos humanos o restringir ciertas libertades, e incluso reprimir a determinados individuos o grupos.
De hecho, tanto en regímenes autoritarios como democráticos la excepcionalidad justificada por la lucha antiterrorista sirvió también para vigilar e investigar a individuos por motivos no relacionados con el terrorismo. En este sentido, cabe recordar que la Patriot Act de EUA sentó las bases del Estado de vigilancia más expansivo en el mundo y estableció un precedente para otros países que han ido adoptando leyes antiterroristas en esta línea. También normalizó el uso de programas de vigilancia masiva.
El uso de tecnologías de vigilancia masiva se ha convertido en eje central de la lucha contra la pandemia de varios países, como China e Israel, que han usado recursos antiterroristas para frenar la propagación del virus. Se trata de tecnologías que permiten rastrear con precisión los encuentros entre personas, el uso de datos biométricos o el uso de inteligencia artificial para vigilar a toda la población. En decenas de países están empleando el big data para controlar los desplazamientos de ciudadanos y así comprobar que las medidas de confinamiento se cumplen. Cabe subrayar, sin embargo, que en Europa, a diferencia de los países del sureste asiático, los datos llegan de forma anónima y agregada.
Los resultados del control de contagio del virus, desde el punto de la emergencia sanitaria han demostrado ser efectivos. Sin embargo, el problema puede generarse una vez superado el momento de excepcionalidad en virtud de que ciertas medidas han sido instrumentadas para otros fines, por ello debe existir transparencia respecto al contenido de las negociaciones entre los gobiernos, proveedores y compañías privadas. Sobretodo en sistemas democráticos en los que el principio de rendición de cuentas debería permitir saber con precisión que datos se usan, con que fin y hasta cuándo.
En conclusión, es necesario instrumentar una serie de medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia del coronavirus. No obstante, se debe evitar su posible normalización en el futuro. La lucha contra el terrorismo demuestra que, incluso en sistemas democráticos, la excepción puede convertirse en norma. Así, el gran reto, una vez que la pandemia haya pasado, es asegurar que el Estado de derecho permanezca.
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