Enlace Judío – La ministra del Interior de Israel, Ayelet Shaked, envió este miércoles una carta al ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, pidiendo detener el proceso de adherencia al Convenio de Estambul sobre la violencia de género, informó Haaretz.

En la misiva, Shaked expresa su temor de que al integrarse al convenio, Israel esté obligado a conceder el estatuto de residencia a mujeres extranjeras que han sufrido violencia y que son perseguidas en sus propios países, pero que no son elegibles a la residencia bajo la ley de inmigración israelí.

La adherencia a la convención requiere la aprobación del gabinete, y Sa’ar tiene previsto someter el asunto a votación a finales de mes.

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En la carta de ocho páginas titulada, “Posibles obstáculos a la política de inmigración de Israel por la adherencia al Convenio de Estambul“, Shaked escribió que se opone a las secciones de la convención sobre la concesión de la residencia a estas mujeres extranjeras, y argumentó que si Israel se une a la convención, se verá obligado a ampliar el compromiso que asumió en la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951.

“Existe un temor real de que estas definiciones reciban una interpretación mucho más amplia que la habitual durante décadas en relación con la aplicación de la convención en cuanto al estatus de los refugiados”, aseveró.

Shaked añadió que las secciones de la convención sobre la persecución basada en la violencia de género abren la puerta a una “población de alcance sin precedentes que podría reclamar el estatuto de refugiado o al menos protección contra la deportación“.

“Con todo el pesar, la concesión de asilo político no pretende ni puede proporcionar una solución para cada dificultad o angustia que existe en los países de origen menos desarrollados, y menos aún cuando se trata de fenómenos culturales amplios. Esta situación es, por supuesto, indeseable, tanto desde el punto de vista práctico, ya que podría dar lugar a un número infinito de solicitudes de asilo con justificaciones casi imposibles de refutar, como desde el punto de vista de la explotación del sistema de asilo israelí”, explicó.

“La experiencia acumulada en las dos últimas décadas de las decenas de miles de solicitudes de asilo presentadas sin ninguna justificación ni base factual demuestra que no se trata de un temor infundado”, enfatizó.

“Como es sabido, el Estado de Israel permite la entrada con fines de empleo, visita y turismo de una larga lista de países en los que es posible alegar que existe violencia contra las mujeres, según posibles interpretaciones del Convenio de Estambul, o una actitud que podría considerarse humillante. Con todo el pesar y la identificación con la angustia, la cuestión es interminable y este es un resultado inaceptable”, afirmó la ministra.

En su solicitud de adherencia a la convención, Israel incluyó tres aclaraciones sobre cómo aplicaría determinadas secciones de la convención. Una de ellas se refiere a la sección 60 del Convenio de Estambul, que reconoce la violencia de género contra las mujeres como una forma de persecución, y exige que se conceda la residencia a mujeres que son perseguidas en sus propios países a causa de su género. En la advertencia relacionada con esta sección, Israel hizo referencia a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que firmó en 1954, diciendo que actuará en cumplimiento de la convención de refugiados sin ampliar el compromiso que el Estado asumió en su momento.

Shaked señaló en su carta que la práctica habitual en la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 distingue entre los refugiados que fueron perseguidos en sus países de origen y los que buscan emigrar por dificultades económicas. “Según las definiciones del Convenio de Estambul, esta diferencia podría perder su validez, al menos en todo lo que concierne a las mujeres”, recalcó.

“El Convenio de Estambul no distingue entre violencia física y violencia psicológica como justificación para conceder el estatus de refugiado, y esto dificultará que el Estado pueda demostrar que los solicitantes de asilo no sufren violencia en el caso de solicitudes falsas”, añadió Shaked.

“El Convenio de Estambul utiliza un lenguaje suave de manera mucho más importante [que la convención de refugiados de 1951], algo que bien podría interpretarse como una reducción significativa del nivel de pruebas requerido. La violencia doméstica con solo daño psicológico podría muy bien, de acuerdo con la naturaleza de estos ataques, negar el requisito de prueba objetiva, así como hacer que la posibilidad de refutar tal reclamación de daño sea difícil o imposible”, argumentó.

Shaked calificó los mecanismos de supervisión del Convenio de Estambul de intransigentes, invasivos y estrictos, y sacó a relucir el temor de que el convenio se aplique también a los residentes de la Autoridad Palestina, algo que obligaría a Israel a conceder el estatuto de refugiado a mujeres palestinas que sufren violencia doméstica.

Señaló que Israel es solo un observador en el Consejo de Europa, y no un miembro del consejo como el resto de los países firmantes, y dijo que la firma del tratado pondría al país bajo la supervisión de un organismo en el que no tiene representación o estatus oficial.

“No está claro por qué Israel tiene tanta prisa por ser el primer país que no es miembro en firmar la convención”, continuó Shaked. “Sería mejor detenerse y considerar a fondo si la adherencia a la convención sirve a los intereses de Israel al crear una situación que dañará la política de inmigración y la imagen internacional del país que será difícil de reparar… Incluso si ya se han dado pasos en esa dirección, detener el proceso ahora será mucho más fácil y sencillo que abandonarlo después”.

Los representantes del departamento jurídico de la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras discutieron los argumentos de Shaked durante una sesión del comité. La abogada, Orly Shmuel Dahan, dijo a la comisión que “profesionalmente, nadie discute que es necesario presentar la declaración interpretativa, es decir, la declaración en la que Israel aclara cómo aplicará diversas secciones de la convención. Hay acuerdo entre los ministerios del gobierno. Lo que preocupa a la ministra del Interior es lo que no contempla el Convenio de Estambul“.

El abogado Liron Gabay añadió que “nuestra preocupación es que el Convenio de Estambul podría ampliar de facto la aplicación de la convención sobre los refugiados. Lo único que dice [Shaked] es que tenemos que examinarlo a fondo”.

En su resumen de la sesión de la comisión, la legisladora Touma-Sliman rechazó los argumentos de la ministra y le pidió retractarse. “Aquel que se preocupa por los ciudadanos de este país, hombres y mujeres, debe trabajar más para construir una sociedad más igualitaria“.

Touma-Sliman llamó a apoyar a Sa’ar, quien lidera los esfuerzos para la adhesión de Israel al Convenio de Estambul, y le pidió llevar el asunto al gabinete lo antes posible.

La diputada de Meretz Mijal Rozin, quien participó en la sesión, escribió en Twitter que la oposición de Shaked está “poniendo palos en las ruedas de la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia contra las mujeres. La retórica de la migración y los refugiados es irrelevante, y no puede servir de excusa en boca de quienes no están interesados en permitir que las mujeres vivan en libertad y seguridad”, apuntó.

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