Enlace Judío – El Estado de Israel está cerca de marcar un hito histórico en su lucha contra la violencia doméstica y la igualdad de género. Si todo se desenvuelve en orden, estaría integrándose oficialmente al Convenio de Estambul, reconocido como uno de los tratados internacionales más completos para prevenir la violencia contra las mujeres. Diez años después de su implementación en la Unión Europea, ha sido descrita como “un éxito”.
Con el fin de cumplir sus objetivos, el Tratado contempla 4 pilares: prevención, tratamiento, persecución y coordinación de políticas públicas. Para poder ingresar al Convenio, los países firmantes necesitan reconocer figuras jurídicas como “la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada”.
Asimismo, las naciones que deseen ser parte del Tratado deben aprobar la legislación contemplada en el Convenio. El conjunto de leyes que se deben aprobar incluye la obligación de otorgar residencia permanente a las mujeres que pierden su visado tras ser víctimas de violencia doméstica (permitiendo la separación a aquellas que tienen una pareja con ciudadanía), así como la responsabilidad de indemnizar a víctimas que hayan sufrido daños corporales graves en caso de que el daño no esté cubierto por el perpetrador, el seguro o provisiones del Estado. Ambas provisiones han sido recibidas con reservas por parte de grupos de la derecha, poniendo en peligro la aprobación del Convenio de Estambul en Israel.
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Ayelet Shaked, la ministra del interior de Israel y una de las políticas más prominentes de derecha más prominentes del país, redactó una carta al ministro de justicia Gideon Sa’ar pidiendo que se detenga el proceso de adherencia al Convenio, que había comenzado en noviembre del año pasado.
La argumentación de Shaked para no firmar el tratado tiene su base en la campaña de miedo organizada por grupos de derecha que insisten que mujeres extranjeras aprovecharían el Convenio de Estambul para infiltrarse en Israel, supuestamente poniendo en riesgo el caracter judío del Estado.
En realidad, para que eso sucediera necesitarían emigrar millones de mujeres ilegalmente hacia Israel, casarse con israelíes que se prestaran a ser encarcelados y a violentarlas, para luego pasar por un largo proceso judicial y obtener la ciudadanía. Una campaña de esa magnitud sería simplemente imposible de llevar a cabo.
Cancelar el ingreso al Convenio bajo esa cruzada xenofóbica sería una tragedia para las mujeres que viven en Israel, quienes se ven amenazadas por una crisis de violencia doméstica desde el inicio de la pandemia.
Especialmente afectadas por la crisis, son las migrantes que representan el 12% de la población de los albergues de violencia doméstica, superando su proporción de la población. Bajo la legislación delineada por el tratado, estas mujeres gozarían de mayor protección bajo la ley de la que tienen ahora.
Ninguna suma de puntos políticos o simpatías electorales de facciones xenofóbicas tienen más valor que la integridad de las mujeres que viven en Israel. En medio de una crisis de violencia doméstica, la posible adopción del Convenio de Estambul es una herramienta necesaria para luchar por la igualdad de género de manera eficiente. Sería una muy mala noticia que Israel cancele su incorporación por presión de una retórica populista.
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