Enlace Judío – Entre las incontables noticias de campañas electorales, negociaciones internacionales y discursos de políticos que acaparan los titulares en los diarios de Israel, no es fácil que resalten notas sobre un tema que siempre está en la mesa: las disputas de propiedad entre israelíes y palestinos.
Las disputas, mayormente procesos legales que tardan años en resolverse, se han vuelto tan comunes que no se gasta demasiada tinta en ellas. De vez en cuando, si es que llegan a la Corte Suprema, la noticia puede colarse en las páginas principales.
Incluso en aquellas ocasiones, me atrevería a decir que en general la información pasa sin pena ni gloria ante los ojos de sus lectores. Y es que sí, a simple vista es un tema aburrido, altamente burocrático y tan cotidiano que parece banal.
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No obstante, todo el papeleo, las resoluciones y los argumentos relativos a la propiedad están en el centro del conflicto israelí-palestino. Desde sus inicios, antes del establecimiento del Estado de Israel, la propiedad judía o palestina del territorio ha jugado una parte esencial en las construcciones de ambas naciones.
Por un lado, el Keren Kayemet LeIsrael fue una de las instituciones más importantes para la realización del proyecto sionista por su papel de compra y desarrollo de tierras en Palestina del Mandato Británico.
Por el otro, la OLP tiene estrictas reglas sobre la compra-venta de propiedades entre las poblaciones árabes y judías, mismas que considera fundamentales para la realización de un Estado palestino. Asimismo, el argumento del Derecho del Retorno en el que los palestinos tendrían derecho a regresar a las casas que su familia poseía previo a la Guerra de Independencia en 1948, es en esencia una disputa de propiedad.
Observar los desarrollos de las disputas de propiedad es ver de cerca cómo se desenvuelve el conflicto: desde los precedentes que se marcan hasta las tendencias legales que le dan forma a los discursos políticos.
El último acontecimiento de significancia en cuanto a las disputas ocurrió la semana pasada cuando la Corte Suprema dictaminó que el asentamiento de Mitzpe Kranim, construido en propiedad palestina privada en violación a la ley israelí no será evacuado y puede permanecer. El tribunal argumentó que el gobierno otorgó el asentamiento a los colonos “de buena fe”, anulando un fallo de 2020 que pedía la evacuación del mismo.
Mitzpe Kranim fue construido en 1999 sobre tierras privadas palestinas expropiadas con fines militares. El proyecto fue aprobado por el gobierno de Ehud Barak en ese mismo año, supuestamente en “desconocimiento del carácter privado del área”.
El fallo marca un precedente peligroso, creando un camino para legalizar retroactivamente asentamientos ilegales alegando ignorancia. La creciente ambigüedad de las leyes y el sinfín de burocracia involucrada son una mina de oro para la ideología de los asentamientos.
Los laberintos legales relativos a los derechos de propiedad palestina en Cisjordania permiten el uso político de la jurisdicción y las inconsistencias en los fallos, entorpeciendo la transparencia necesaria para un trato justo ante la ley, así como el trabajo preparatorio para una futura solución de dos estados.
Observar las disputas de propiedad es ver el desarrollo del conflicto israelí-palestino. Un precedente importante acaba de ser marcado.
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