La organización The Lawfare Project presentó esta semana una demanda contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, impugnando la suspensión de las relaciones con Israel y el hermanamiento con Tel Aviv.
La demanda afirma que Colau actuó más allá del ámbito de su autoridad al infringir el poder del gobierno español para conducir la política exterior y violó los procedimientos legales aplicables.
Colau justificó el boicot a Israel basándose en una supuesta “violación sistemática de los derechos humanos”.
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Cerró su intervención ante la prensa expresando su deseo de que alcaldes de otras ciudades se sumen a su acción y repitiendo el lema de la campaña de boicot, “Barcelona dice no al apartheid“.
Colau estuvo acompañada por Alys Samson Estapé, quien anteriormente se desempeñó como coordinadora europea del movimiento BDS, y el Comité Nacional Palestino de BDS. El BDS es una entidad condenada por sus actividades, tanto en España como en Europa, Estados Unidos y la mayor parte del mundo.
Brooke Goldstein, Directora Ejecutiva de The Lawfare Project, dijo lo siguiente: “La suspensión de las relaciones con Israel representa un uso indebido total del proceso legal para participar en una campaña intolerante y partidista, en lugar de una decisión legal en el ámbito del poder del alcalde de Barcelona”.
A su vez, el abogado español de The Lawfare Project, que lidera la acción legal, Ignacio Wenley-Palacios, manifestó: “Este decreto de la alcaldesa de suspensión de relaciones con Israel no sólo afecta al buen nombre de la ciudad de Barcelona (y España); también desborda las limitadas competencias de los ayuntamientos en el ámbito de la cooperación internacional. Imagino que a la señora Colau le gustaría que Barcelona fuera similar a una ciudad-Estado capaz de boicotear a Israel y de llevar a cabo su propia política exterior, pero por desgracia para ella y para fortuna de los barceloneses, legalmente no es así”.
“Al adoptar los postulados de una campaña política partidista y discriminatoria contra Israel, la Sra. Colau incumple el deber institucional de neutralidad del alcalde, perjudica el buen nombre de la ciudad de Barcelona y perturba la política exterior de España”.
La demanda, presentada en los Juzgados de Barcelona, seguirá su curso, independientemente de la campaña electoral en curso y del resultado de las próximas elecciones locales el próximo 28 de mayo del presente año.
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