La Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara advirtió este miércoles que una ley aprobada por el gobierno para ampliar la autoridad del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, sobre la Policía de Israel podría politizar la aplicación de la ley, perjudicar los derechos individuales y conducir a un uso indebido de la fuerza, informó The Times of Israel.

“La enmienda a la ley se refiere a los poderes del ministro de manera vaga y no establece pesos y contrapesos que garanticen la independencia profesional de la policía. Existe una grave preocupación por la influencia externa sobre el uso de la fuerza policial y la politización de la policía”, escribió Baharav-Miara en su respuesta oficial a una petición de la Corte Suprema contra la ley que otorga a Ben Gvir un control sin precedentes sobre las fuerzas del orden.

Baharav-Miara sostuvo que la legislación se aprobó con demasiada rapidez, de forma poco equilibrada y sin especificar que la policía actuará sin influencias políticas externas.

Si bien recomendó aclarar la ley, señaló que no justifica su anulación y recomendó a la Corte Suprema rechazar la petición contra la enmienda, siempre y cuando se interprete de forma que impida la politización de la policía.

Varios grupos de la sociedad civil, entre ellos el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel apelaron a la corte en contra de la ley a principios de año. Argumentaron que dar a Ben Gvir el control sobre “la política policial y los principios generales de su actividad infringe inconstitucionalmente la libertad de protesta y la libertad de expresión y subordina el control de la policía a una entidad política”.

Ben Gvir y Baharav-Miara se han enfrentado en repetidas ocasiones desde finales de 2022, y el ministro ha hecho varios llamamientos públicos para destituir a la fiscal general.

En marzo, Baharav-Miara apoyó el fallo de la Corte Suprema que prohibió a Ben Gvir dar órdenes operativas a las fuerzas policiales sobre cómo gestionar las manifestaciones y el uso de la fuerza durante las protestas contra la reforma judicial.

En su respuesta a la Corte Suprema, la fiscal general dijo que Ben Gvir no debía interferir, directa o indirectamente, en las tácticas policiales “incluso bajo el disfraz de instrucciones políticas”.

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