Según informes, todo el nivel superior del Ministerio de Justicia asistirá a las discusiones del gabinete del domingo sobre la aplicación de la ley en las protestas, cuando las figuras de alto rango de la coalición instan cada vez más a la policía y al sistema legal a endurecer el trato a los manifestantes contra la reforma judicial, según publicación de The Times of Israel.
Entre los funcionarios del Ministerio de Justicia que asistirán, presuntamente estarán la fiscal general Gali Baharav-Miara, el fiscal estatal Amit Aisman y tres fiscales generales adjuntos.
Se cree que Baharav-Miara será el objetivo de la reunión del gabinete.
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El informe dice que a altos funcionarios policiales también les preocupa que un uso mayor de la fuerza contra los manifestantes avive las llamas en lugar de reducir la intensidad de las protestas.
Baharav-Miara advirtió el jueves a Netanyahu contra cualquier interferencia política en la respuesta de la policía a las manifestaciones masivas por los esfuerzos de su gobierno para reformar el sistema judicial.
En una carta, dijo a Netanyahu que recibió un documento del secretario del gabinete, Yossi Fuchs indicando que en la reunión del gabinete del domingo, los ministros “abordarían la forma de usar la fuerza policial en eventos de protesta específicos contra las políticas [del gobierno], así como las decisiones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sobre procesos penales contra participantes en eventos de protesta”.
Las deliberaciones programadas siguen a una reunión entre Netanyahu, el ministro de Justicia Yariv Levin y de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir sobre el tema la semana pasada, durante la cual reprendieron a Baharav-Miara y otros altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por su manejo de las protestas en curso.
Baharav-Miara escribió el jueves que “el sistema de aplicación de la ley está obligado a ejercer de manera profesional e independiente las autoridades con las que está dotado por ley. Esta independencia es una garantía central para la salvaguardia de los derechos humanos”.
“Es precisamente en un momento de protesta contra la política del gobierno y sus ministros que el gobierno debe ser extremadamente cuidadoso para evitar acciones que puedan interpretarse como un intento de influir ilegítimamente en el juicio profesional de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, agregó.
Celebrar una reunión de este tipo “en el momento actual, en medio de protestas contra las políticas del gobierno y sus ministros, es muy problemático”, dijo Baharav-Miara, señalando que algunos de los participantes tienen “un interés personal” en la respuesta policial a las protestas.
Citando estas consideraciones, la fiscal general dijo que ella y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podían hablar en términos generales en la reunión, pero enfatizó que “no era posible ni adecuado” que abordaran “casos concretos”. Concluyó su carta diciendo que las fuerzas del orden estaban dando “alta prioridad” al manejo de las protestas.
La advertencia de Baharav-Miara provocó una contundente respuesta de Levin y Ben Gvir, acusándola el primero de “ignorar la violación continua y sin precedentes de los derechos básicos de millones de ciudadanos para llegar seguros al trabajo, al hospital, acceder libremente al aeropuerto, etc”.
El ministro de Justicia también afirmó que la fiscal general estaba ignorando la “peligrosa aplicación selectiva” de la policía contra diferentes tipos de protestas.
“El derecho a protestar dentro de los límites de la ley es sagrado y no está sujeto a disputa, pero las violaciones masivas de la ley y la incitación a la violencia y la desobediencia de la ley requieren una política de cumplimiento clara y unificada”, dijo Levin en un comunicado. “Exigiremos respuestas sobre esto en la próxima reunión del gabinete”.
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