El comisario de policía Kobi Shabtai señaló que, según estimaciones de la policía, entre 6 y 7 millones de israelíes, en 4,400 localidades, participaron en las protestas contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu desde enero, informó Haaretz.

Durante la conferencia anual del Colegio de Abogados de Israel, Shabtai enfatizó que la policía “tiene como objetivo maximizar los derechos de los manifestantes y al mismo tiempo causar una disrupción mínima a la libertad de movimiento y la rutina diaria de los ciudadanos”.

“Si hay algo de lo que estoy orgulloso es de nuestra capacidad de mantener a la policía israelí como una fuerza no partidista que opera con imparcialidad”, añadió.

Según un reporte del movimiento de protesta, solo el último sábado se manifestaron más de 10 millones de israelíes y 10,094,249 de personas han participado en las protestas semanales en más de 100 localidades.

El presidente Yitzhak Herzog dijo durante la conferencia que los acontecimientos del último año “fortalecen y empoderan el importante papel y el deber de los abogados como guardianes de los principios básicos del sistema judicial”.

“Cada ciudadano se ha convertido en un jurista experto. Este es un tremendo momento de poder”, señaló el presidente y agregó que aún tiene esperanzas de que se alcancen amplios acuerdos entre el gobierno y la oposición.

Respecto a los recientes ataques de los ministros del gobierno a la Fiscal General de Israel, Herzog dijo en un video pregrabado: “Los tribunales, los asesores legales y la fiscalía son la base de cualquier sociedad democrática. Debemos protegerlos y defenderlos en todo momento”.

El exfiscal general, Avijai Mendelblit, se refirió a la audiencia de la Corte Suprema de Justicia, prevista para el 12 de septiembre, en la que un panel ampliado de 15 jueces examinará los recursos presentados para revocar la ley que elimina el principio de razonabilidad, una pieza clave de la reforma judicial aprobada por la Knéset el mes pasado.

“La ley para anular el principio de razonabilidad tiene como objetivo eliminar una herramienta central del sistema judicial. La ley, aprobada en julio es irresponsable a nivel nacional y [provoca] graves daños a la seguridad nacional de Israel. Nada menos”, enfatizó Mendelblit.

La Abogada General de las FDI, mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, afirmó que las FDI “no tienen otro escudo” que el sistema judicial de Israel.

Hizo hincapié en que “las medidas que puedan percibirse como perjudiciales o que socavan efectivamente la independencia del sistema judicial podrían debilitar el escudo que el sistema proporciona al ejército y dañar los intereses de seguridad de Israel, las FDI y el personal de seguridad en el ámbito internacional”.

“Algunos críticos examinan el sistema judicial, particularmente la Corte Suprema, y afirman que socava y debilita a las FDI, cuando en realidad es todo lo contrario”, agregó.

El profesor Yaniv Roznai de la Universidad Reichman afirmó que “la decisión de que un panel ampliado de 15 jueces examine los recursos para revocar la “Ley de Razonabilidad” indica que este es el caso más importante jamás visto: una reducción significativa de las facultades de la Corte Suprema de Justicia“.

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