La Corte Suprema de Justicia de Israel examinará el próximo 12 de septiembre los recursos presentados para revocar la primera ley de la reforma judicial, informó The Jerusalem Post.

Por primera vez en la historia de la Corte Suprema, los 15 jueces presidirán la audiencia en un panel ampliado.

La Corte Suprema nunca antes ha revocado alguna reforma a una Ley Básica, la legislación que en Israel tiene carácter semiconstitucional.

La medida para ampliar el panel fue bien recibida por el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, uno de los grupos que presentaron recursos.

“Esta es una petición histórica diseñada para derogar la ley central en la serie de leyes de este golpe de Estado”, dijo el organismo. “La presidenta [Esther Hayut] hizo bien en incluir a todos los jueces de la Corte Suprema en esta importante discusión”.

En consecuencia, se retrasó una audiencia de recursos presentados en contra de otra legislación ligada a Netanyahu, que se fijó para el mismo día.

La Corte Suprema escuchará los argumentos de 8 peticiones presentadas tras la aprobación de la aprobación de la primera ley de la reforma judicial, conocida como la “cancelación del principio de razonabilidad”.

Los organismos que presentaro recursos incluyen la Asociación de Abogados de Israel, Smoke Free Israel, el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel y el Movimiento OMETZ.

Los recursos argumentaban que la ley daña el sistema democrático de Israel, es inconstitucional y tiene fallas procedimentales.

El Estado de derecho y el equilibrio de poderes se dañó con la aprobación de la ley, ya que el principio de razonabilidad es un contrapeso ideal del Poder Judicial frente al Ejecutivo, argumentan los críticos.

La constitucionalidad de la ley fue cuestionada por los organismos, quienes dicen que la Knéset abusó de su autoridad constitucional para aprobar una ley.

Los peticionarios también alegan que el proceso legislativo de la ley fue defectuoso. El proyecto de ley había sido presentado mediante una Comisión de la Knéset, que son en gran parte para cuestiones técnicas. Las leyes privadas están sujetas a votaciones preliminares y a un período de espera de 45 días.

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