La Corte Suprema de Justicia de Israel anunció este lunes su decisión de anular la primera ley de la reforma judicial, aprobada por el gobierno de Benjamín Netanyahu el pasado mes de julio, en un revés mayor a su plan legislativo.
La anulación fue respaldada por 8 jueces que votaron a favor de ello y fue rechazada por 7.
“La Corte Suprema determinó en opinión mayoritaria que la nulidad de la enmienda No. 3 a la Ley Básica: El Poder Judicial, que excluía completamente la revisión judicial de la razonabilidad de las decisiones del gobierno, el primer ministro y los ministros, debe ser declarada nula y sin efecto”, se lee en un comunicado del portavoz de la Autoridad de Tribunales de Israel.
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“Esto se debe al daño severo y sin precedentes a las características centrales del Estado de Israel como un Estado democrático”, agregó.
Además, 12 de los 15 jueces argumentaron que sí tienen la autoridad para hacer una revisión de las Leyes Básicas, en contra de lo sostenido por el gobierno de Netanyahu.
Según los jueces, la Knéset excedió sus poderes como Autoridad Constituyente al momento de aprobar dicha ley, lo que habilitó a la Corte para actuar como contrapeso.
El fallo marca la primera vez que la Corte interviene directamente, en este caso invalidando una parte, en una Ley Básica en la historia de Israel, las cuales tienen caracter semiconstitucional.
Tras la decisión de la Corte, el arquitecto de la reforma judicial, Yariv Levin, quien es ministro de Justicia, arremetió en contra del máximo tribunal.
Levin acusó a los jueces de “tomar en sus manos todas las autoridades que en una democracia están divididas entre los tres poderes del Estado”.
Dijo que el fallo “no nos detendrá”, pero añade que el gobierno “seguirá actuando con moderación y responsabilidad” durante la guerra.
Múltiples figuras del gobierno de Netanyahu también manifestaron su molestia por la decisión de la Corte, aludiendo a la situación de guerra por la que atraviesa Israel.
En una filtración sin precedentes la semana pasada hecha por el Canal 12, el proyecto de la sentencia reveló la intención de la Corte de invalidar, por 8 votos a 7, la primera ley de la reforma judicial.
Levin pidió al tribunal que pospusiera la sentencia debido a su potencial para crear disputas en medio de la guerra en Gaza.
Su llamada desató acusaciones de que el gobierno quería agotar el tiempo para que la expresidenta de la Corte, Esther Hayut, y la jueza Anat Baron, quienes estuvieron una audiencia en septiembre en la que se discutió la anulación de la ley pero ahora están jubiladas, pudieran opinar sobre el fallo.
Sin la esperada oposición de Hayut y Baron, quienes culminaron su cargo como juezas a mediados de octubre, la ley aparentemente aún se habría mantenido con una votación de 7 a 6.
Hayut todavía era presidenta cuando la Corte escuchó un recurso contra la reforma a la Ley Básica: El Poder Judicial aprobada en julio, que impidió a todos los tribunales, incluido el máximo tribunal, deliberar o pronunciarse en contra de decisiones gubernamentales y ministeriales basadas en el “principio de razonabilidad”.
Este principio jurídico permite a la Corte anular decisiones gubernamentales y ministeriales si cree que ha habido problemas sustanciales con las consideraciones utilizadas en dichas decisiones, o con el peso otorgado a esas consideraciones.
Los opositores a la ley, así como la Fiscal General Gali Baharav–Miara, argumentaron que eliminaba barreras cruciales que protegían la democracia israelí, específicamente la independencia de algunos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y aumentaba el poder del gobierno a expensas del Poder Judicial hasta tal punto que socavó a Israel como democracia.
El gobierno y los defensores de la ley argumentaron que el principio había dado a la Corte un alcance demasiado amplio para intervenir en decisiones políticas y le había permitido sustituir la voluntad de la mayoría por su propia visión del mundo.
Además, la derecha en Israel ha argumentado enérgicamente que las Leyes Básicas no están sujetas a revisión judicial y que el tribunal carece del poder para anularlas.
El gobierno ha dejado en gran medida su agenda de reforma judicial en un segundo plano desde el 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamás llevaron a cabo un ataque sin precedentes en el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas y hundiendo a la región en la guerra.
En los meses previos a los ataques, la agenda de reforma judicial del gobierno había provocado protestas y divisiones sociales sin precedentes.
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