La fiscal general Gali Baharav-Miara acusó este domingo al gobierno de Benjamín Netanyahu de intentar actuar por encima de la ley, sin contrapesos, y silenciar el sistema de asesoría legal al gobierno, informó The Times of Israel.
En una carta dirigida al gabinete previo a la reunión para aprobar una moción de censura en su contra, la Fiscal General afirmó que la moción es legalmente irrelevante y no tendría incidencia alguna en los esfuerzos del gobierno por destituirla.
Baharav-Miara, quien se ausentó de la reunión del gabinete, argumentó que el gobierno malinterpretó fundamentalmente la función de la Fiscalía General, que es asistir al gobierno en la implementación de sus políticas conforme a la ley.
También puede interesarte
“Cuando el sistema de asesoría legal presenta al gobierno los límites de la ley, está cumpliendo con su deber, y no se puede afirmar que estas diferencias de opinión justifcan una destitución”, aclaró la Fiscal General en respuesta a acusaciones de que ha impedido repetidamente que el gobierno implemente sus políticas.
Señaló que ella y el sistema de asesoría legal han asesorado al gobierno actual en la aprobación de cientos de leyes y resoluciones gubernamentales, una forma de acción ejecutiva, y han representado al gobierno en más de 2000 peticiones, incluyendo sobre temas clave relacionados con la guerra, como la política de ayuda humanitaria a Gaza, detención administrativa y otras políticas controvertidas.
“La moción de censura no busca promover confianza, sino lealtad a la esfera política; no la gobernabilidad, sino un poder ilimitado del régimen, como parte de un proceso más amplio para debilitar el Poder Judicial y disuadir a toda la esfera profesional”, acusó Baharav Miara, en referencia al golpe judicial en curso del gobierno.
“El gobierno busca estar por encima de la ley y operar sin contrapesos, incluso en el momento más delicado: un estado de emergencia, protestas antigubernamentales y un periodo electoral”, concluyó.
Tras la reunión del gabinete para discutir la moción de censura, el vocero del ministro de Justicia, Yariv Levin, emitió un comunicado criticando duramente a la Fiscal General por negarse a asistir a la reunión. ‘”Al inicio de la reunión, el ministro Levin declaró que considera muy grave la ausencia de la Fiscal General. Su ausencia es una prueba más de su profundo por el gobierno y sus miembros, y de que no tiene respuestas a las acusaciones en su contra”.
Previo a de la reunión, varios jueces jubilados de la Corte Suprema publicaron una carta al gobierno, advirtiendo contra la destitución de la Fiscal General.
Entre los firmantes de la carta se encentran los expresidentes de la Corte Suprema Esther Hayut, Dorit Beinisch y Aharon Barak, así como el exvicepresidente Elyakim Rubinstein y la exjueza Hanan Melcer.
Enfatizaron que las opiniones legales de un Fiscal General tienen como objetivo “impedir que el gobierno tome decisiones ilegales”.
“La Fiscal General desempeña esta función de manera práctica y profesional, y es inconcebible que el cumplimiento de su deber como leal servidora pública la perjudique y conduzca a su destitución”, declararon los jueces.
Advirtieron que la destitución de Baharav-Miara “pondría en grave peligro la condición del Estado de Israel como una nación de derecho fundada en una sólida gobernanza y administración”.
Manifestantes contra el gobierno de Netanyahu marchan por Jerusalén por sexto día consecutivo.
La exjuez de la Corte Suprema, Ayala Procaccia dijo a la multitud que “romper la independencia de las instituciones clave del Estado y desmantelar los sistemas de supervisión y control del poder gubernamental nos conducirá, a la velocidad de la luz, a una transformación completa del carácter del país”.
Levin expuso las razones de la destitución prevista en un documento de 86 páginas que presentó al gabinete. El documento afirma que Baharav-Miara “creó una ‘democracia de robo'”.
“Aunque habla de nobles valores democráticos, en realidad los arrasó fingiendo actuar en su nombre. Purificó la alimaña que aprecia y profanó lo que no le gusta”.
El documento la acusa de politizar la Fiscalía General, afirmando que “actúa como el brazo extendido de los manifestantes contra el y no escatima medios para frustrar la voluntad del electorado”.
Afirma que Baharav-Miara ha aplicado la ley de forma “selectiva y política”.
“Nunca en la historia de Israel se ha producido una alteración del orden tan violenta como la que han cometido los opositores a la reforma judicial: bloqueos de carreteras principales, bloqueos del aeropuerto, huelgas violentas, incendios provocados y vandalismo en las oficinas del Foro Kohelet, violencia contra policías y civiles inocentes”, afirma el documento. “Los opositores al gobierno gozaron de total inmunidad procesal y de un viento de cola destructivo”.
El gabinete también acusa a la Fiscal General Gali Baharav-Miara de politizar su oficina y de no abordar el crimen organizado en la comunidad árabe israelí, alegando que rara vez convocó al equipo responsable de abordar el problema y obstruyó los esfuerzos legislativos.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, la criticó por manejar selectivamente las filtraciones de información sensible, alegando que ignoró los repetidos llamados para investigar filtraciones graves que amenazan la seguridad nacional mientras procesa activamente a individuos como Eli Feldstein y el sargento Ari Rosenfeld por delitos similares.
Tras la aprobación de la moción de censura, el gobierno deberá convocar un comité público de cinco miembros a cargo de destituir a la Fiscal General y nombrar a sus sucesor. Dado que dos puestos en el comité están actualmente vacantes, deben cubrirse antes de que pueda reunirse.
El comité concederá a la Fiscal General una audiencia para presentar su postura, tras lo cual emitirá una recomendación sobre su posible destitución. Aunque el gobierno no está obligado a seguir la recomendación, también debe concederle una audiencia a Baharav-Miara.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia escuchará peticiones contra la destitución de la Fiscal General antes de que se tome la decisión final.
El proceso de destitución de Baharav-Miara podría tardar meses y la oposición ha prometido impugnarlo en los tribunales, junto con las peticiones presentadas ante la Corte Suprema contra la destitución de Ronen Bar. Sindicatos y foros empresariales han amenazado con declarar huelga si el gobierno no acata las sentencias judiciales.
Reproducción autorizada con la mención siguiente: © EnlaceJudío
