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sábado 18 de julio de 2026
Fiscal General de Israel

Fiscal General niega sesgo contra el gobierno de Netanyahu, teme infiltración de kahanistas en las fuerzas del orden

La Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, rechazó el domingo acusaciones de aplicación selectiva en filtraciones a los medios de comunicación, y señaló que el Poder Judicial actúa de forma coherente y deliberada según los criterios establecidos, informó Haaretz.

Baharav-Miara intervino durante una sesión del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset, presidida por el diputado Simja Rothman, que se centró en la detención de un agente del servicio de seguridad Shin Bet acusado de filtrar información clasificada sobre la infiltración de kahanistas en la policía al comentarista político del Canal 12, Amit Segal, y al ministro de Asuntos de la Diáspora, Amijai Chikli.

El agente está siendo investigado por la División de Investigaciones Policiales. Inicialmente, se le prohibió reunirse con un abogado, a pesar de admitir haber transmitido la información en cuestión y haber cooperado con los investigadores.

También es sospechoso de filtrar información relacionada con la investigación del Shin Bet sobre el 7 de octubre a Shirit Avitan Cohen, corresponsal diplomática del diario Israel Hayom.

Según el representante del Shin Bet en la reunión, “existía, y aún existe, preocupación de infiltración de kahanistas en las fuerzas del orden”.

Baharav-Miara indicó a los legisladores que el Poder Judicial actúa con “gran cautela” ante acciones que puedan perjudicar la libertad de expresión y de prensa. Añadió que en la reunión del comité se abordaron casos en los que la información fue “proporcionada ilegalmente, sin autorización alguna, por un funcionario público o una persona no autorizada”.

“Esto se refiere a información que, por su naturaleza, de ser expuesta, podría perjudicar intereses públicos vitales como la seguridad nacional, las relaciones exteriores o la vida humana, y por lo tanto, existe un interés público en protegerla e impedir su divulgación”, declaró.

El representante del Shin Bet confirmó que el servicio de seguridad recaudó información sobre la infiltración de kahanistas en las fuerzas del orden de Israel, y enfatizó que no se recopiló información sobre ministros o diputados en este contexto. Estos argumentos contradicen el reporte de Segal, que incluye un documento interno del Shin Bet firmado por el jefe del servicio de seguridad, Ronen Bar, en el que ordena “continuar recopilando pruebas y testimonios sobre la participación de políticos en la orden a las autoridades de defensa de usar la fuerza ilegalmente, y presentar las conclusiones”.

Rothman arremetió contra el representante del Shin Bet, y dijo: “Al parecer, utilizó los mecanismos de detección y recopilación de información del servicio de seguridad contra el gobierno”.

“Eso es falso”, respondió el representante. “Así no se recauda información. Los métodos del Shin Bet no se ‘utilizan’ de esa manera, ni contra un diputado ni contra un ministro. Nosotros no lo hacemos, y es importante decirlo”.

La Fiscal General afirmó que la decisión de abrir una investigación se basó en un análisis del daño potencial que podría causar la divulgación de la información de inteligencia. “El daño resultante de la divulgación no autorizada de información puede ser concreto, pero también puede ser sistémico, perjudicando la capacidad del organismo estatal para desempeñar sus funciones”, dijo, y agregó que la cuestión del daño se evalúa en base a opiniones de los organismos profesionales pertinentes, que a menudo involucran a las agencias de seguridad.

Baharav-Miara afirmó que la lista de preguntas que se le envió antes de la reunión incluía “una serie de suposiciones infundadas sobre presuntas motivaciones de las fuerzas del orden”, y añadió que “habría sido mejor que no se hubiesen formulado en primer lugar”.

Dijo que algunas de preguntas se referían a investigaciones pendientes y criticó el intento de influir en investigaciones específicas.

Rothman criticó a Baharav-Miara: “Calificar las preguntas de los miembros del comité es una práctica inaceptable, incluso tratándose de la Fiscal General… Estás criticando las preguntas de los diputados, lo que, en mi opinión, es una objeción a la supervisión”.

“Si hubo una aplicación selectiva, ¿quién es la autoridad responsable de examinarla?”, continuó Rothman. “Y si la aplicación selectiva se debe a una agenda política, ¿quién es la autoridad responsable de supervisarla?”

Durante el debate, Rothman expulsó a varios diputados de la oposición, entre ellos Karin Elharar, Meirav Cohen y Elazar Stern de Yesh Atid, Pnina Tamano-Shete de Hamajané Hamamlajtí y Efrat Rayten de Hademokratim.

Después de aproximadamente una hora, Rothman anunció que la Fiscal General debía retirarse y que solo sus representantes permanecerían.

La diputada del Likud, Tally Gottliv, afirmó que la Fiscal General “no sabe nada de derecho penal”, y el diputado Moshé Saada añadió: “Pero queríamos decirle la verdad en su cara… Vinimos intencionadamente durante el receso, ¡es inaceptable que no nos escuche!”.

“Para evitar cualquier duda, es inaceptable que se vaya”, declaró Rothman, tras lo cual Baharav-Miara afirmó que no se marcharía sin antes escuchar a los familiares de rehenes presentes en la reunión. Rothman respondió: “Es igual de importante escuchar a los diputados”.

Gil Dickmann, primo de Carmel Gat, asesinada en el cautiverio en Hamás, declaró ante el comité: “Las familias de los rehenes son víctimas de filtraciones que perjudicaron las negociaciones y el regreso de los rehenes. Como resultado, 41 rehenes fueron asesinados en cautiverio”.

También criticó duramente al primer ministro Benjamín Netanyahu por “filtrar lo que sucedía en las discusiones del gabinete y en las negociaciones”.

“En nuestra opinión, eso no se considera una filtración porque interpretan la ley como si [Netanyahu] tuviera [autoridad absoluta] sobre información ultrasecreta y decidiera [cómo compartirla]… En su opinión, esa es la ley”.

Dikmann calificó la discusión del comité de “circo político”, afirmando que los legisladores “intentan desmantelar todo lo profesional, todo lo que de alguna manera podría salvar vidas, y convertirlo en una cuestión política: ¿están de este lado o de aquel? ¿Y dónde estamos nosotros, las familias de los rehenes?”.

“Intentan dividir todo según criterios políticos y atacar a todos los profesionales, a todos los guardianes… Son ustedes los que se rigen por consideraciones políticas”.

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