La decisión de la Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil Rights, OCR) del Departamento de Educación de Estados Unidos de abrir una investigación contra el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York trasciende una simple controversia educativa. La pesquisa procura establecer si determinados materiales didácticos, programas de capacitación docente y actividades desarrolladas en escuelas públicas contribuyeron a crear un ambiente hostil y discriminatorio hacia alumnos judíos, en presunta violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
La investigación se desarrolla precisamente en la ciudad gobernada por Zohran Mamdani, cuyas reiteradas posiciones hostiles hacia Israel han motivado acusaciones de antisemitismo por parte de numerosos dirigentes políticos, organizaciones de la comunidad judía y entidades dedicadas al combate contra ese flagelo.
El hecho reviste una importancia singular porque, hasta hace poco, la principal preocupación respecto de la influencia de determinadas narrativas sobre el conflicto de Medio Oriente se concentraba en las universidades estadounidenses. Durante años, cuantiosos aportes provenientes del exterior, particularmente de Qatar, suscitaron interrogantes acerca de su influencia sobre programas académicos, centros de estudios y actividades desarrolladas en los campus universitarios.
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Hoy, en cambio, la preocupación se ha desplazado hacia un terreno mucho más sensible: las escuelas de los primeros niveles de enseñanza.
Cuando el contenido de los materiales educativos destinados a niños y adolescentes pasa a ser objeto de una investigación federal por una posible vulneración de derechos civiles, la cuestión adquiere una dimensión institucional y jurídica que excede el ámbito estrictamente educativo.
De acuerdo con la información difundida por la Oficina de Derechos Civiles, la investigación procura determinar si determinadas actividades, programas de formación docente y materiales utilizados en el sistema escolar de Nueva York promovieron prácticas incompatibles con los principios de igualdad y no discriminación establecidos por la legislación federal.
No se trata, por consiguiente, de una discusión abstracta sobre enfoques pedagógicos, sino de establecer si existieron conductas que vulneraron los derechos civiles de los alumnos.
Este debate no surge en un vacío. Hace más de dos décadas, la preocupación internacional ya se había centrado en el contenido de los textos escolares de la Autoridad Palestina.
En enero de 2001, un minucioso informe de L’Arche, publicación mensual del judaísmo francés, elaborado conjuntamente con la B’nai B’rith de Francia, denunciaba que esos manuales inducían a los niños al odio mediante la demonización sistemática de Israel.
Paralelamente, el Center for Monitoring the Impact of Peace (CMIP) examinó 160 manuales escolares y otros materiales publicados por la Autoridad Palestina. Según sus conclusiones, muchos de esos textos procuraban inculcar en niños y jóvenes el odio hacia los judíos en general y hacia Israel en particular, exaltando además el martirio como un ideal digno de ser imitado.
El informe añadía que la televisión palestina reforzaba esos mensajes mediante programas que recurrían a estereotipos antijudíos y a antiguas teorías conspirativas.
Lo más significativo de aquella investigación fue que el CMIP realizó simultáneamente un estudio comparativo sobre 360 manuales aprobados o recomendados por el Ministerio de Educación de Israel. Entre sus principales conclusiones sostuvo que los textos israelíes no cuestionaban la legitimidad del pueblo árabe, no promovían la violencia ni la guerra como instrumentos de resolución de conflictos y procuraban evitar la difusión de estereotipos negativos.
Naturalmente, las realidades de la Autoridad Palestina y del sistema educativo de Nueva York son diferentes y no admiten comparaciones simplistas. Sin embargo, ambas situaciones ponen de relieve una misma preocupación: la enorme responsabilidad que implica la formación de las nuevas generaciones.
La escuela debe ser un ámbito donde los alumnos aprendan a analizar los hechos con espíritu crítico, conozcan la complejidad de los conflictos internacionales y desarrollen respeto por quienes sostienen posiciones distintas.
Cuando la educación se aparta de ese objetivo para transformarse en un instrumento de transmisión ideológica o de estigmatización de un grupo determinado, deja de cumplir una de sus funciones esenciales.
La investigación abierta por la Oficina de Derechos Civiles determinará si las denuncias formuladas se ajustan o no a la realidad y si existieron violaciones a la legislación federal. Pero, cualquiera sea su resultado, el solo hecho de que el mayor sistema escolar de Estados Unidos haya quedado bajo examen por presunta discriminación antisemita constituye una señal de alerta que trasciende las fronteras de Nueva York.
En una sociedad democrática, la educación debe formar ciudadanos libres, capaces de pensar por sí mismos y de rechazar toda forma de odio o discriminación, nunca convertirse en un instrumento de adoctrinamiento ni en un vehículo para reproducir prejuicios, odio o enfrentamientos sociales.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor
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