El pleno de la Knéset aprobó este miércoles la ley que debilitará significativamente el poder del fiscal general para influir y supervisar al gobierno.
La ley fue aprobada en su segunda y tercera lectura final con 65 votos a favor y 51 en contra.
Esta ley se considera una de las principales iniciativas legislativas que la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu ha impulsado durante su mandato.
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Su aprobación se produce en medio de la continua disputa entre el gobierno, el poder judicial y la fiscal general Gali Baharav-Miara.
La legislación fue impulsada por el diputado Simcha Rothman (Hatzionut Hadatit), quien preside la Comisión de Derecho Constitucional y Justicia de la Knéset, donde se presentó el proyecto de ley, junto con otros diputados de la coalición.
Una de las principales propuestas de la legislación otorga al gobierno la facultad de ignorar las opiniones legales del fiscal general, que generalmente se consideran vinculantes para el poder ejecutivo a menos que un tribunal dictamine lo contrario.
Otra propuesta fundamental elimina la autoridad exclusiva del fiscal general para presentar la posición del Estado ante los tribunales.
La legislación también abre la posibilidad de que el gobierno determine cómo destituir y nombrar al fiscal general.
El método actual para destituir al fiscal general requiere un comité presidido por un juez jubilado de la Corte Suprema.
El gobierno votó a favor de destituir a Baharav–Miara en agosto del año pasado, aunque la Corte Suprema posteriormente anuló esa decisión.
El Instituto Israelí para la Democracia (IDI) ha señalado que las funciones que modifica la legislación son las principales herramientas que permiten al fiscal general salvaguardar el estado de derecho.
El IDI añadió que el proyecto de ley podría “socavar la independencia del sistema de aplicación de la ley, fortalecer al gobierno y eliminar los controles sobre su poder de una manera que desestabilizaría la democracia israelí y su protección del estado de derecho y los derechos humanos”.
Expertos en derecho también han advertido que el proyecto de ley otorgaría al gobierno un poder sin precedentes sobre su principal desafío legal.
La legislación está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2027, después de las próximas elecciones.
En un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la ley, esta exige que el gobierno adopte una nueva decisión sobre el procedimiento para el nombramiento y la destitución del fiscal general.
El fiscal general de Israel combina varias funciones: asesor jurídico del gobierno, intérprete de la ley para el poder ejecutivo, representante del Estado ante los tribunales, jefa del sistema de fiscalía estatal y autoridad final en las decisiones penales importantes que involucran a altos funcionarios públicos.
El gobierno actual se ha enfrentado repetidamente con Baharav–Miara, alegando que bloqueaba intencionadamente las iniciativas políticas. Ha sido acusada de llevar a cabo una persecución política por parte de ministros y diputados de la coalición.
Baharav-Miara fue nombrada para el cargo durante el mandato del gobierno anterior de Yair Lapid y Naftali Bennett. También ha advertido sobre los peligros de la legislación.
El proyecto de ley ha sido enmendado en las reuniones de las comisiones del Knesset desde su primera lectura para agilizar el proceso legislativo antes del receso parlamentario previo a las próximas elecciones.
La coalición ha realizado una intensa campaña legislativa esta semana para impulsar el mayor número posible de proyectos de ley antes del receso. Otro proyecto de ley polémico, que pronto se someterá a votación, busca promulgar reformas radicales en el sector de la radiodifusión israelí, dirigido por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi.
Un aspecto clave que se eliminó del proyecto de ley fue el intento de dividir las funciones y atribuciones que actualmente ostenta el fiscal general entre dos titulares distintos: un fiscal general y un fiscal general.
La Comisión de Derecho Constitucional y Justicia de la Knesset ha estado celebrando largas reuniones durante meses para debatir la legislación y aprobarla antes de que finalice el mandato del gobierno.
Para sus partidarios, el proyecto de ley representa una corrección democrática a un cargo judicial excesivamente poderoso. Para sus detractores, es una de las partes más trascendentales de la reforma legal del gobierno y despoja al fiscal general de sus funciones.
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