La Fiscalía del Estado presentó una solicitud ante el Tribunal de Distrito Central para revocar la ciudadanía israelí a dos presos de seguridad, Rani Ouf y Shadi Aidi.
La solicitud se presentó por orden del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ostenta la autoridad del Ministro del Interior en estos asuntos, con la aprobación de la fiscal general Gali Baharav-Miara.
Ambos terroristas fueran condenados, entre otros delitos, por conspirar para ayudar al enemigo en tiempos de guerra y transmitir información al enemigo con la intención de perjudicar la seguridad del Estado.
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Según la Fiscalía del Estado, esta es la primera solicitud presentada bajo la vía penal de la Ley de Ciudadanía para revocar la ciudadanía por incumplimiento del deber de lealtad. El Estado argumentó que “los delitos por los que fueron condenados los acusados justifican revocarles la ciudadanía, ya que constituyen un incumplimiento extremo y extraordinario del deber de lealtad que los ciudadanos tienen para con el Estado“.
Según la solicitud, ambos trabajaban para Cellcom y tenían amplios privilegios de acceso a los sistemas informáticos y la infraestructura de comunicaciones de la compañía. Durante años, elaboraron un plan para inutilizarlos durante una guerra u operación militar, con el fin de ayudar a la organización terrorista Hamás.
La denuncia señala además que ambos planeaban transferir información confidencial sobre la infraestructura de comunicaciones y los sistemas de ciberseguridad de la empresa e introducir herramientas para interrumpir la red de comunicaciones.
Los terroristas fueron condenados tras declararse culpables de conspirar para ayudar al enemigo en tiempos de guerra y de transmitir información al enemigo con la intención de perjudicar la seguridad de Israel.
Rani Ouf también fue condenado por intención de cometer traición y por mantener contacto con un agente extranjero. En 2024, fue sentenciado a 11 años de prisión, con suspensión de la pena, y una multa. Shadi Aidi fue sentenciado a cinco años y medio de prisión, con suspensión de la pena, y una multa.
El Estado argumentó que las acciones de ambos constituyen “actos de traición flagrante y una violación manifiesta del deber fundamental de lealtad al Estado“. Subrayó que el complot, concebido para ejecutarse en tiempos de guerra, estaba motivado por consideraciones nacionalistas e ideológicas y tenía como objetivo apoyar a organizaciones terroristas palestinas.
La solicitud señala que la disposición de la Ley de Ciudadanía que permite la revocación de la ciudadanía por incumplimiento del deber de lealtad se creó precisamente para casos como este, en los que se ha roto el vínculo fundamental entre un ciudadano y el Estado.
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