LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO
La sociedad mexicana a merced de la delincuencia
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Enlace Judío México | La violencia y la inseguridad se acentúan en todos los Estados de la República, en algunos de ellos ya resultan intolerables para la ciudadanía que no ve un fin inmediato a estos fenómenos que también muestran ascenso a nivel mundial. En este contexto, en marzo pasado concurrí al desayuno mensual de economistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que se realiza en el Club de Industriales en la zona de Polanco.
Para evitar la hora pico del tránsito de la mañana llegué a las 7:30 A.M. a las inmediaciones del Club; estacioné mi automóvil en la calle frente a un parquímetro y me encaminé al dispensador para pagar el boleto de estacionamiento; sin embargo, a esa hora aún no funcionan los dispensadores, entonces decidí llevar mi automóvil a un estacionamiento; afortunadamente advertí que un individuo de mal aspecto me seguía y apenas tuve tiempo de subir al vehículo y alejarme para no ser asaltado; por el retrovisor observé que esa persona estaba revisando otro auto, me imagino con el propósito de robar partes del mismo.
El intento de robo y de secuestro, son sucesos cotidianos en nuestra ciudad; información de fuentes policiales indican que en el presente no sólo se secuestra a los ricos, sino que se han intensificado los secuestros expréss de gente que sus familiares están dispuestos a pagar por el rescate de cinco mil pesos en adelante, incluso, a los raptados no los llevan a “casas de seguridad”, sino que los retienen en camionetas mientras se paga su rescate.
En este ámbito, los hechos delictivos en el vecino Estado de México han cobrado relevancia al grado que hoy en día se considera a ese Estado el más violento del país, de tal forma que las tareas de combate a la inseguridad ya están a cargo de las autoridades federales, las cuales de acuerdo al Secretario de Gobernación, lo mantendrán durante todo el sexenio del Presidente Enrique Peña. La estrategia que se implementará contra el crimen en el Estado de México se centrará en varios municipios Mexiquenses conurbados de la Ciudad de México: Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Ecatepec, Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan. La analista en temas de seguridad, Ana María Salazar, considera que la ola de violencia que los mexiquenses enfrentan desde hace varios meses, se atribuye a que se está llevando una guerra por territorio, donde los principales cárteles criminales se disputan el control, tal como está sucediendo en Michoacán.
La violencia en los Estados se ha acrecentado no sólo por la lucha entre las bandas criminales, también influye la erosión del entorno económico y social que propicia que la gente delinca en lo individual o se integre a los grupos de la delincuencia organizada; también tiene que ver la ineficacia de los gobiernos estatales en sus estrategias para combatir la violencia y la inseguridad. La ayuda federal para tratar de restablecer el orden en el Estado de México significa una pérdida de control e imagen del gobernador Eruviel Ávila quien tiene aspiraciones presidenciales para las elecciones del 2018.
En el marco de la guerra contra el crimen organizado surgen problemas adicionales vinculados con la aparición de grupos civiles paramilitares que ante la ineficiencia de las policías y/o fuerzas armadas “hacen justicia por su cuenta”. Preocupa que estas “fuerzas militares de civiles” estén patrocinadas por el propio crimen organizado; y aún más, que el gobierno Federal las reconozca como apoyo en la lucha contra la violencia, como es el caso de Michoacán; perdonándoles violaciones a la ley por el uso arbitrario de la autoridad que se les confiere. Existe el riesgo de que las autodefensas aliadas al gobierno Federal pasen a hacer negocio propio la extorsión y los secuestros, entre otros ilícitos como sucedió en Colombia.
En el Estado de Morelos el deterioro de la seguridad pública también es alarmante. Esta semana miles de ciudadanos de esa entidad marcharon por las calles de Cuernavaca pidiendo la renuncia de su gobernador perredista por no haber cumplido su compromiso de devolver la paz y la tranquilidad; la protesta popular fue organizada por la Coordinadora Morelense del Movimiento Ciudadano que en 1998 también promovió la salida del entonces gobernador priista Jorge Carrillo Olea que fue juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al enfrentar un juicio político y fue inhabilitado por 14 años para ocupar cargos públicos, al resultar responsable de los delitos de incumplimiento de funciones públicas y por omisión en el ataque a la delincuencia organizada, con la cual posiblemente estuvo aliado.
Cuando funcionarios públicos son responsables de delitos, quedan despojados del poder, empero, generalmente no son objeto de sanciones penales y obligados a devolver los recursos que se apropiaron indebidamente. La impunidad alienta a funcionarios públicos y políticos a participar y/o aliarse con el crimen organizado.
Asimismo, es cada vez mas frecuente que quienes lo combaten, entre jueces y las fuerzas armadas, junto con empresarios importantes, tengan lazos con la delincuencia; de aquí que será muy difícil restablecer la paz y la seguridad en el país.
