Enlace Judío – La semana pasada, un estudio aterrador mostró que el 86 por ciento de los 40,000 solicitantes de asilo en Tel Aviv, carecen de seguridad alimentaria. El informe, realizado por la Dra. Moran Blaychfeld Magnazi, destacó que la pandemia por COVID-19 ha hecho que estas personas sufran de hambre genuina. Es decir, la gente sin estatus de ciudadanía que está viviendo en Tel Aviv no puede conseguir comida.

Sin embargo, los oficiales del gobierno parecen prestarle poca atención al problema. Ante los resultados del estudio, un oficial del Ministerio de Salud declaró: “En este ambiente político, es difícil hablar sobre la situación de los resultados o ayudarles”.

Aunque el Ministerio de Justicia y la municipalidad de Tel Aviv se comprometieron a destinar recursos para ayudar a los refugiados, los apoyos serán limitados por problemas presupuestales. Ante el anuncio, algunos oficiales del gobierno declararon: “En cualquier otro grupo de población, estudios como estos desencadenaría una campaña de emergencia por múltiples agencias del gobierno”.

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Hay que recordar que detrás de las rimbombantes palabras del estudio y las disputas políticas o presupuestarias, hay personas que sufren los efectos del hambre. El periódico Haaretz recopiló el testimonio de Jamila, una mujer de 35 años, madre de cinco, que vive en Israel desde el 2007.“Antes del coronavirus, la situación era buena. Comprábamos pollo, carne y vegetales en el supermercado”.

Desde que el municipio de Tel Aviv despidió a todos los refugiados que trabajaban en el sistema sanitario de la ciudad, Jamila y su esposo se quedaron sin trabajo. Ahora “casi no hay dinero para comprar comida. Recibimos donaciones. Por la mañana, los niños comen cereal frío y nosotros bebemos té; luego esperamos hasta las 5:00 p. m. Hay una comida, generalmente, arroz o pasta. No recuerdo cuándo comimos carne por última vez. Tampoco comemos muchos huevos. Si conseguimos verduras, tenemos que comerlas rápido, antes de que se echen a perder. Es difícil explicarle a los niños por qué no hay comida”.

Como sugiere el periodista Or Kashti, para llegar a la situación actual, se requirieron años de discriminación sistémica contra los solicitantes de asilo. El despido masivo de refugiados en esta pandemia, quienes por su estatus legal no tienen acceso a seguro de desempleo o salud, es un ejemplo de la combinación de factores sociopolíticos que dejan a los solicitantes de asilo en una situación vulnerable.

Tristemente, los ejemplos abundan. Hace tres años, el Ministerio de Educación decidió que no incluiría a las escuelas de Tel Aviv que tuvieran estudiantes refugiados al programa de “día largo”, que incluye una comida caliente para todos sus recipientes.

Organizaciones como Mesila han redoblado esfuerzos para alimentar a los solicitantes de asilo en esta época difícil, pero no es suficiente. Las ONGs también han sufrido graves crisis económicas durante la pandemia y no tienen la capacidad para alimentar a todos. Desde el gobierno, la ayuda a los refugiados tiene que ser debajo de la mesa para no despertar a la parte de nacionalista y xenofóbica del país. 

La crisis humanitaria que viven hoy en día los solicitantes de asilo en Israel nos recuerda de los peligros de la xenofobia institucionalizadas. Además, nos muestran los efectos de la pandemia que las estadísticas no logran capturar: la gente desprotegida que se quedó sin empleo. Moralmente, el Estado de Israel tiene la responsabilidad de proteger de la hambruna a todo el que vive dentro de su suelo. Es hora de ayudarlos y de acabar con el peligroso discurso discriminatorio que algunos tienen.

 

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