Enlace Judío.- Más de 90 países pidieron el lunes a Israel que revoque los pasos tomados contra la Autoridad Palestina por su impulso para una investigación sobre Israel en Naciones Unidas.
Alemania, Francia y Japón firman una carta de la Autoridad Palestina expresando su preocupación por las “medidas punitivas” promulgadas en respuesta al pedido de un fallo de la corte mundial sobre el conflicto
A fines del mes pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución promovida por los palestinos que solicita que la Corte Internacional de Justicia intervenga en el conflicto palestino-israelí, la “anexión” israelí y el “estatus legal de la ocupación”.
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Tras aprobarse la resolución, Israel decidió deducir fondos de la Autoridad Palestina en beneficio de las víctimas del terrorismo israelí, revocó el permiso de viaje especial del ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina y negó los beneficios a ciertos funcionarios palestinos, entre otras medidas.
La declaración publicada el lunes fue firmada por representantes de las naciones árabes y la Organización de Cooperación Islámica de 57 miembros y otros 37 países, 27 de ellos de Europa, incluidos Alemania, Francia e Italia, así como Japón, Corea del Sur, Brasil, México y Sudáfrica.
“Independientemente de la posición de cada país sobre la resolución, rechazamos las medidas punitivas en respuesta a una solicitud de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y más ampliamente en respuesta a una resolución de la Asamblea General, y pedimos su revocación inmediata”, dijo el dijo la carta.
La misión de Alemania ante la ONU dijo que los países tienen puntos de vista divergentes sobre la resolución del mes pasado, pero “están de acuerdo en rechazar las medidas punitivas en respuesta a la resolución”.
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— State of Palestine (@Palestine_UN) January 16, 2023
“Buscar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no puede ni debe ser causa de medidas punitivas. Para nadie. En ningún momento”, dijo la misión de la ONU de Dinamarca.
Francia y Bélgica emitieron declaraciones tras la firma, reafirmando su compromiso con el “derecho internacional y el multilateralismo”.
También el lunes, un portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que “observa con profunda preocupación las recientes medidas israelíes contra la Autoridad Palestina” y que “no debería haber represalias en relación con la Corte Internacional de Justicia”.
La Asamblea General de 193 miembros votó 87-26 con 53 abstenciones el 30 de diciembre para aprobar la resolución de la Corte Internacional de Justicia.
Entre las medidas de represalia aprobadas por el gobierno israelí se encuentran la incautación de 39 millones de dólares en ingresos fiscales que Israel recauda en nombre de la Autoridad Palestina y canalizarlos hacia las víctimas israelíes del terrorismo palestino; deducir de los ingresos para compensar los pagos que la Autoridad Palestina hace a los terroristas palestinos, atacantes, prisioneros de seguridad y sus familias; congelar la construcción palestina en gran parte de Cisjordania; y cancelar algunos beneficios VIP palestinos.
La medida destacó la línea dura que el nuevo gobierno está adoptando hacia los palestinos, en un momento de aumento de la violencia en Cisjordania y con las conversaciones de paz como recuerdo lejano.
La resolución que solicita la investigación se titula “Prácticas y actividades de asentamiento israelíes que afectan los derechos del pueblo palestino y otros árabes de los territorios ocupados” y pide a la Corte Internacional de Justicia en La Haya que “emita urgentemente una opinión consultiva” sobre la “ocupación prolongada” de Israel, asentamiento y anexión del territorio palestino”.
También pide una investigación sobre las medidas israelíes “dirigidas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén” y dice que Israel ha adoptado “legislación y medidas discriminatorias”.
La Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte Mundial, es la principal corte de la ONU para mediar en disputas entre países. Sus fallos tienen peso legal e influyen en la opinión pública, pero no tiene un mecanismo para su aplicación. El tribunal está separado de la Corte Penal Internacional, que también se encuentra en La Haya.
El tribunal emitió por última vez una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí en 2004 cuando la Asamblea General le pidió que dictaminara sobre la legalidad de la barrera de seguridad que Israel construyó a lo largo de gran parte de Cisjordania.
Israel ha criticado la resolución del mes pasado como parcial y desdeñosa de las preocupaciones de seguridad israelíes.
El enviado de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, condenó el texto por referirse al Monte del Templo solo por su nombre árabe, Haram al-Sharif. El Monte del Templo es el lugar más sagrado para los judíos por ser el sitio de los templos antiguos, y el tercer lugar más sagrado del Islam por ser la ubicación de la Mezquita de Al-Aqsa.
Erdan también censuró a la ONU por celebrar la votación después del inicio de Shabat.
Los palestinos aplaudieron la resolución como una “victoria diplomática”.
El Monte del Templo también fue el foco de una acalorada sesión de emergencia del Consejo de Seguridad a principios de este mes que se convocó después de que el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, visitara el sitio del punto crítico.
El Consejo de Seguridad celebrará otra audiencia sobre el conflicto palestino-israelí el miércoles por la mañana.
La ONU tiene una larga historia de aprobación de resoluciones contra Israel, e Israel y Estados Unidos la acusan de parcialidad. Israel ha acusado a los palestinos, que tienen estatus de Estado observador no miembro en la ONU, de tratar de utilizar el organismo mundial para eludir las negociaciones de paz e imponer un acuerdo.
El año pasado, la Asamblea General aprobó más resoluciones críticas con Israel que contra todas las demás naciones juntas.
Además de las resoluciones, hay investigaciones abiertas contra Israel llevadas a cabo por una comisión de investigación de la ONU y por un relator especial, el único país bajo tal escrutinio. Los miembros de ambas investigaciones están registrados haciendo declaraciones antisemitas, pero no han enfrentado ninguna repercusión de la ONU por sus comentarios.
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